Texto originalmente publicado en el número 189 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 5 de abril de 2012
Dos crímenes ocuparon las páginas de los diarios nacionales e internacionales el pasado mes de marzo. Los asesinatos de Agnes Torres, mujer transexual, en Puebla, y de Daniel Zamudio, joven gay, en Santiago de Chile, levantaron una ola de indignación y repudio, como pocas veces se ha visto, en contra de crímenes motivados por la identidad sexual y de género. Hechos que reavivaron la discusión pública sobre los crímenes de odio, concepto anglosajón que no termina por arraigar en la jurisprudencia de América Latina.
Ambos crímenes son diferentes en cuanto a motivaciones y modus operandi. Daniel fue atacado en la vía pública por una pandilla de jóvenes neonazis que lo golpearon salvajemente, lo torturaron durante varias horas, y con un vidrio le tatuaron el símbolo de la esvástica en espalda y pecho, dejándolo agonizante. Un típico crimen de odio por homofobia que recuerda el terrible caso de Matthew Shepard, joven gay brutalmente vejado y torturado, igualmente abandonado agonizante en la vía pública por los dos atacantes, y cuya muerte, luego de una larga agonía similar a la sufrida por Daniel, conmocionó a los Estados Unidos en 1998.
En contraste, el asesinato de Agnes fue planeado, con alevosía y ventaja, por conocidos de ella, incluida su pareja sentimental, para robarle el auto. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado de puebla (PGJEP), los atacantes la degollaron en el rancho donde trabajaban e intentaron quemar su cuerpo. Presumiblemente los presuntos asesinos no pertenecen a ningún grupo de ultra derecha ni tienen antecedentes de violencia. Aparentemente, no estamos ante un crimen de odio en estricto sentido, sino ante uno motivado por el robo. Esa es la conclusión de las autoridades de la Procuraduría poblana. Y la comparación de ambos casos podría darles la razón.
El odio está en la selección de la víctima
Sin embargo, no les falta razón a las organizaciones civiles de Puebla cuando colocan en la selección de la víctima "un rasgo claro de la transfobia (desprecio, odio e intolerancia a las personas transexuales)" de sus atacantes. "En términos de los estudios de crímenes de odio, hablaríamos de un crimen de odio instrumental, que es cuando el sujeto que socialmente es odiado y desvalorizado es usado para la comisión de un delito, incluso sobre su vida", afirman en un comunicado difundido después del reporte de la PGJEP.
La definición de crimen de odio admite el robo como uno de los daños infringidos a las víctimas, muchos gays han sido asesinados para robarles, pero los criminales los eligieron como objetos de ataque precisamente por ser gays, es un patrón muy común en México. En la elección de la víctima opera todo el bagaje de prejuicios homofóbicos y transfóbicos aprendidos por el o los asesinos. Como afirma Rodrigo Parrini, el odio también es una emoción social. El odio se manifiesta en el desprecio enfermizo mostrado hacia la víctima por un rasgo que la caracteriza y que se traduce, a su vez, en la crueldad y saña con la que es atacada o exterminada. Se trata del odio y el desprecio alimentados y activados por el prejuicio social.
La falta de legitimidad social de la condición transexual o transgénero coloca a las personas con esa identidad en una situación muy vulnerable de sufrir todo tipo de agravios y de violencia. Y la ausencia de reconocimiento institucional responsabiliza directamente al Estado, lo vuelve cómplice, por omisión, de los crímenes.
La negligencia institucional contrasta marcadamente con la madurez alcanzada por la sociedad civil. La magnífica respuesta y movilización social generada por las organizaciones de la diversidad sexual en Puebla y en Santiago logró la inmediata y expedita acción de las autoridades judiciales que no tuvieron oportunidad de reaccionar prejuiciadamente como en casos anteriores. En el caso de Agnes no se mencionó la figura del "crimen pasional", usada para desacreditar a las víctimas, a pesar de que su pareja sentimental está presuntamente involucrada en el homicidio. Una vez más, la garantía de que este tipo de crímenes no queden en la impunidad descansa en la capacidad de respuesta y movilización ciudadanas.
