Peru

Proteção contra a violência

Integrantes del Colectivo 25 de Noviembre, No más violencia contra las Mujeres, impulsan una campaña para adecuar la Ley 26260 de Protección frente a la Violencia Familiar (vigente desde 2004 y actualmente bajo proceso de revisión) al mandato de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

La Convención, suscrita en 1994 y ratificada por el Estado peruano en 1996, obliga a los países firmantes a atender diligentemente las violencias de género con acciones de prevención, investigación de los casos, sanción a agresores y reparación a víctimas de estas violencias. Obliga también a los Estados a proveer atención adecuada y oportuna de las víctimas de la violencia de género.

Para la abogada Cynthia Silva, vocera del Colectivo 25 de Noviembre, la Ley 26260, según su redacción actual, al abordar la violencia únicamente en el ámbito de la unidad familiar, oculta la vulneración sistemática de los derechos de mujeres adultas, niñas y adolescentes, principales víctimas de maltrato en diversos contextos de relación y configuraciones familiares. La norma vigente restringe su ámbito de protección al hogar, dejando de lado otros espacios y agentes de la violencia de género, como la comunidad y el Estado. Al respecto, Silva afirmó la necesidad de formular “un nuevo marco legal que asegure protección integral frente a las diferentes formas de violencia que sufrimos las mujeres por razones de género”.

La campaña impulsada apunta a que mientras no se elabore y apruebe una nueva norma con estas características, el proceso de revisión de la ley 26260 deberá apuntar al menos a que en el marco de la misma se prevenga, investigue y sancione la violencia contra las mujeres en la familia. Este abordaje, afirmó la abogada del Colectivo 25 de Noviembre, permitiría reconocer que las mujeres son las más afectadas por la violencia en los hogares, lo que les daría prioridad como sujetos de protección por parte del Estado.

Otro de los planteos del Colectivo se refiere al acceso a la justicia. Al respecto, la organización señala que es urgente mejorar el acceso de las víctimas de violencia al sistema de justicia, lo que supone agilizar procedimientos judiciales y garantizar servicios amigables con un enfoque de derechos humanos. En este sentido, se propone la simplificación del trámite judicial de las denuncias de violencia a través de un proceso único. También pide que las medidas de protección sean ordenadas de manera inmediata por la primera autoridad que reciba la denuncia, para evitar que la víctima se vea obligada a peregrinar a través de diversas dependencias estatales.

Asimismo, las organizaciones feministas demandan que el Estado mejore la asignación presupuestal para la prevención de la violencia y el acceso a la justicia de las víctimas. Al respecto, la abogada Jeannette Llaja, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS) manifestó su preocupación por la escasa asignación de recursos para la ejecución del nuevo Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, gestionado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). “El presupuesto destinado a esa política pública es insuficiente con relación a los objetivos, resultados y metas previstas en sus planes operativos anuales”, declaró.

Reportes del MIMDES destacan que en ocho de cada diez casos de violencia física, psicológica o sexual denunciados en el Perú, las víctimas son mujeres. No obstante, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual recibió en 2009 apenas el 2% del presupuesto total asignado a esta entidad, hecho que, para las organizaciones feministas, evidencia la baja prioridad otorgada por este sector del Estado a la prevención y atención de la violencia contra la mujer.

Un problema que amerita atención urgente

En 2002, la OMS llevó a cabo un estudio multicéntrico sobre la salud de las mujeres y la violencia en pareja en Bangladesh, Brasil, Japón, Namibia, Perú, Tailandia, Tanzania, Chile, China, Indonesia, Samoa y Nueva Zelanda. La investigación estimó que en algunas zonas del Perú, como el departamento de Cusco, aproximadamente siete de cada diez mujeres sufre de algún tipo de violencia durante su vida. Pese a la práctica extendida de la violencia contra las mujeres, solo dos de cada diez denuncian estas agresiones.

Por otro lado, el MIMDES reporta que cada mes se cometen por lo menos 12 feminicidios en el Perú. Una de cada tres mujeres asesinadas había denunciado a su agresor ante el sistema de Justicia, sin embargo, no recibieron la protección necesaria que les garantizara sus vidas.

El caso de Elizabeth Alanya fue ejemplar respecto al grado de desprotección de las mujeres peruanas ante la violencia de género. El pasado 28 de julio, Alanya fue severamente quemada por su convivente, quien le lanzó agua hirviendo al rostro. Si bien el Poder Judicial admitió la investigación de este caso, en un primer momento el agresor fue dejado en libertad por un juez que no consideró suficientemente graves las lesiones causadas a la víctima.

Ante este panorama, las activistas del Colectivo 25 de noviembre iniciaron en Lima la recolección de firmas para respaldar su pedido de un cambio legislativo que mejore la protección de las mujeres frente a la violencia. “Buscamos incidir en el espacio público para que la ciudadanía pueda apreciar la magnitud de la violencia que sufrimos las mujeres y apoye la necesidad de mejorar las medidas de protección”, expresa Brenda Álvarez, vocera del Colectivo.

Álvarez anunció que, como todos los años, el 25 de noviembre las organizaciones de mujeres realizarán una marcha que recorrerá instancias claves del poder político, como el Congreso, el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial, para denunciar la indiferencia del Estado frente a la violencia y solicitar respaldo de la ciudadanía para estas demandas.

Hombres contra la violencia

Este año, la marcha por el Día contra la Violencia hacia la Mujer será apoyada por diversos colectivos de hombres que promueven nuevas formas de masculinidad. Integrantes del Programa de Género del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES) y del Programa Hombres que Renuncian a su Violencia, impulsado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, realizarán un acto simbólico al culminar la manifestación para llamar la atención de otros varones sobre la necesidad de cambiar los patrones socioculturales que legitiman la violencia hacia la mujer.

Su participación concluirá con la lectura de un pronunciamiento en el que expresan su determinación de adoptar “una filosofía del respeto a una vida digna y libre de toda forma de violencia para las mujeres y su compromiso de promover la lucha por la erradicación de la violencia de género, a través de una postura activa en su vida personal, laboral y social”.

Publicada em: 24/11/2010

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