Pese a que en el Perú más de mil mujeres interrumpen cada día embarazos no deseados en forma insegura, y que es el segundo en Sudamérica con las más elevadas tasas de muerte materna en gran parte debido al aborto séptico, el Estado peruano se mantiene insensible frente a la a demanda de adopción del aborto terapéutico, legal desde 1924, pero inaccesible para las mujeres, particularmente para las más pobres.
Con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, diferentes instituciones y organizaciones peruanas de defensa de los derechos de las mujeres reiteraron públicamente su exigencia de aprobación de un protocolo nacional que regule el aborto legal en los establecimientos públicos de salud, por ser los que están al alcance de la mayoría de la población que vive en situación de pobreza.
“La atención del aborto terapéutico sigue bajo candado en el actual gobierno, pese a que su legalidad data en el país desde 1924, cuando fue establecido en el artículo 19 del Código Penal a fin de preservar la vida de gestantes en riesgo de morir o de sufrir daños permanentes en su salud física o mental”, señala un comunicado emitido recientemente por el Colectivo 28 de septiembre, agrupación integrada por diferentes instituciones, organizaciones y personas que promueven los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La abogada Jeannete Llaja, directora del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y una de las voceras del Colectivo.denunció que, a pesar de los compromisos internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú, en la actualidad no existen condiciones para que las mujeres con embarazos riesgosos para su vida y salud ejerzan su derecho de solicitar su interrupción legal.
“Los representantes del Estado en lugar de asumir su obligación de proteger los derechos de las mujeres, evaden sus responsabilidades por presiones de tipo confesional que no sólo afectan el principio de laicidad del Estado sino que vulneran los derechos humanos de las mujeres”, precisó.
Llaja recordó que en octubre del 2005, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas falló a favor de la joven K.L., a quien en el año 2001 se le negó el acceso al aborto terapéutico en un hospital público y exhortó al Estado a tomar las medidas que eviten casos similares. A partir de esa recomendación se generaron sucesivos intentos desde el sector Salud, en coordinación con la sociedad civil, para aprobar un protocolo que regule la interrupción legal del embarazo, estableciendo las entidades clínicas que ameritaban este procedimiento y precisando las medidas técnicas y administrativas del caso.
Lamentablemente estos avances fueron bloqueados por presiones de la jerarquía católica opuesta al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, pese al respaldo creciente que ha ido alcanzando la exigencia de atención al aborto legal entre los gremios de profesionales de salud, los medios de comunicación y la opinión pública en general.
Pilar Arce, especialista en derechos sexuales y reproductivos del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, declaró que el clamor de un protocolo nacional que norme el aborto terapéutico ha sido asumido también por los operadores de salud, especialmente médicos ginecólogos y obstetras, que por su práctica cotidiana son conscientes del drama que viven las mujeres y se sienten identificados con su rol de brindar una atención de calidad.
“Los profesionales de la salud requieren del respaldo de un protocolo para actuar con eficiencia y libertad”, indicó la activista. Arce comentó también que los cuerpos médicos de diversos hospitales públicos de Lima y del interior del país están avanzando en elaborar y aprobar sus propios protocolos para poder cumplir con su rol de salvar vidas y ofrecer una atención humanizada y de calidad a las mujeres.
Por su parte, Susana Chávez, representante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), llamó la atención sobre la necesidad de despenalizar el aborto por las causales de violencia sexual y por malformaciones del feto incompatibles con la vida. Señaló que esa demanda responde al drama que sufren muchas mujeres al ser obligadas a llevar a término embarazos productos de una violación, o gestaciones de fetos que no tienen posibilidad de vida fuera del útero.
Según Chávez, al no adoptar las medidas necesarias para poner fin al sufrimiento de las mujeres que atraviesan por las situaciones descritas, el Estado está incurriendo en una grave violación de sus derechos humanos, lo que menoscaba el orden democrático.
Creciente respaldo social a la libre decisión de las mujeres
No obstante, sectores cada vez más amplios de la sociedad han ido reconociendo el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre los asuntos concernientes a su cuerpo y a su salud sexual y reproductiva, a contracorriente de la sujeción del Estado y de posiciones religiosas ultraconservadoras.
Según estudios sucesivos del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, en los últimos seis años se ha elevado en diez puntos porcentuales la aprobación ciudadana respecto del aborto por violación: en 2008 estuvo en 38% y en 2009 llegó al 48,2%. Asimismo, también se ha registrado un notable incremento de opiniones favorables al aborto terapéutico: mientras en el año 2002 lo aprobaba el 50,8%, en el 2008 este respaldo se incrementó al 68%.
Aun cuando el tema del aborto continúa siendo materia de controversia, es evidente que se ha avanzado en el reconocimiento del derecho de las peruanas a decidir sobre su maternidad, particularmente en circunstancias extremas como la imposición de embarazos a través de la violencia, o cuando la gestación puede amenazar la vida de la madre o afectar su integridad física y mental. En tal sentido, la reafirmación del principio de Estado laico es una de las principales apuestas para las organizaciones de mujeres que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, en la perspectiva de impedir más interferencias religiosas en las políticas públicas.
