En Medellín, Colombia, desde agosto se está llevando a cabo una fuerte campaña contra el proyecto de construir una Clínica para la Mujer, considerada “abortista” por grupos pro-vida y representantes de la Iglesia Católica, ya que entre sus servicios figura el aborto en los casos estipulados por la ley. Alegan que dinero público sería destinado a “articular y difundir la ideología feminista en contra de la vida y la familia” (ACI Prensa, agosto 4 de 2009). Organizaciones católicas y la propia Iglesia han enviado numerosas cartas enviadas al Alcalde de Medellín, mientras que el periódico conservador El Colombiano, el de mayor tirada en esa ciudad, es el foco de la estrategia mediática y en el frente jurídico se ha sumado la Procuraduría General de la Nación.
Aprobada por el Concejo Municipal como parte del plan de desarrollo de la ciudad, la Clínica de la Mujer es un proyecto piloto en América Latina. Según información difundida por la Alcaldía de Medellín, en la unidad será desarrollado un modelo de cuidado integral de la salud de las mujeres, con enfoque de género. El mismo está compuesto por tres líneas de trabajo. La primera, de salud sexual y reproductiva, proveerá tratamiento y prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH-sida, prevención del embarazo no deseado y atención ginecológica en menopausia y patologías de mama y útero, entre otras. El área psicosocial estará especializada en trastornos asociados a la condición de género, como el estrés postraumático, trastornos emocionales, y desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia. Asimismo, se brindará atención ante todo tipo de violencia basada en la condición de género, es decir violencia doméstica, violencia de pareja, violencia sexual, así como violencia social y política, entre otras.
Según la normativa colombiana, dadas las características de este centro médico, además de la atención ginecológica y obstétrica, el mismo debe ofrecer también servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos que desde mayo de 2006 son legales en el país.
La presión suscitada ha creado una crisis en el gabinete del alcalde de Medellín Alonso Salazar, quien pidió la renuncia protocolar de todos los secretarios de su gobierno, especialmente de la Secretaria para la Mujer, Rocío Pineda García, calificada por varios medios de comunicación como “reconocida defensora del aborto”. En una carta enviada al arzobispo de Medellín, Mons. Alberto Giraldo Jaramillo, difundida en la prensa, el alcalde ha anunciado que decidió dar marcha atrás en el proyecto, comprometiéndose a que en la Clínica de la Mujer no se realicen abortos –tanto los ilegales como los actualmente amparados por el marco legal vigente.
Esta concesión del alcalde de Medellín a las presiones de los grupos pro-vida y de la Iglesia Católica fue recibida con pesar por las organizaciones de derechos humanos, de mujeres y de diversas minorías que apoyaron su elección, criticándole la obvia influencia ideológica de esa decisión. Cabe destacar que el proyecto no hace más que responder en el nivel nacional a una Sentencia de la Corte Constitucional y a directrices del Ministerio de la Protección Social sobre interrupción voluntaria del embarazo. Por otra parte, no se trata del único servicio a ser brindado, ya que el proyecto incorpora varias de las acciones que componen las políticas de salud sexual y reproductiva, de control de la mortalidad materna y de equidad de la mujer. A su vez, a nivel municipal responden a la política local de equidad de género y al plan de desarrollo de la ciudad 2008-2011, que dentro de su línea estratégica de desarrollo y bienestar para toda la población contempla “el fortalecimiento de la red de servicios de salud mediante la disposición de equipamientos físicos y tecnológicos”, según informaciones suministradas por la Alcaldía.
Balance negativo a tres años de la despenalización
Los balances realizados sobre la despenalización parcial de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia resaltan dos puntos: la falta de acceso a servicios de atención médica adecuada y oportuna, y la tendencia de las mujeres a hacerse atender por fuera de los servicios oficiales o especializados de salud, recurriendo incluso a auto-intervenciones y a la automedicación, con graves consecuencias para su salud.
La implementación de servicios especializados en salud sexual y reproductiva con perspectiva de género, además de responder a una deuda del Estado con relación a servicios especializados, ayudaría a reducir la mortalidad materna asociada con abortos inseguros, una de las causas más evitables. En palabras de Juan Guillermo Londoño, Jefe Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Antioquia (con sede en Medellín), “de los 42 millones de embarazos que se terminan voluntariamente a cada año en el mundo, aproximadamente 20 millones se realizan por fuera de los sistemas de salud y son, por lo general, abortos inseguros, es decir, practicados por personal no capacitado o en condiciones inadecuadas. Por esta razón, el aborto inseguro es considerado una pandemia, que es prevenible”.
Según el catedrático, el proyecto de la actual administración municipal al crear la Clínica de la Mujer es dar respuesta integral a las necesidades de las mujeres en términos de promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y, en especial, de todas las formas conocidas de violencia conocidas y practicadas ellas.
La posición de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación, órgano encargado de proteger los derechos humanos, el 8 de septiembre de 2009 expidió la Resolución No. 284, que crea un grupo especial de trabajo para ejercer control preventivo sobre las dependencias responsables por la implementación de la Clínica de la Mujer de Medellín. ¿Se trata de una acción más contra la Sentencia de despenalización parcial del aborto? Cabe recordar algunos antecedentes:
El actual Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, fue nombrado en medio de una fuerte controversia por las afirmaciones discriminatorias, en detrimento de los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, plasmadas en sus libros Hacia el libre desarrollo de nuestra animalidad (parafraseando el artículo 16 de la Constitución Colombiana en relación con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, uno de los más citados en las sentencias constitucionales sobre discriminación por orientación sexual y derechos de las parejas del mismo sexo) e Ideología de género, utopía trágica o subversión cultural (con argumentos en contra de la despenalización parcial del aborto).
En el mes de mayo, el Procurador hizo recomendaciones en defensa del derecho de los médicos a oponerse al aborto e interrumpió una serie de contrataciones destinadas a la divulgación y el entrenamiento profesional para actuar en la interrupción voluntaria del embarazo. En marzo nombró a Ilva Myriam Hoyos como Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Se trataba de una reconocida activista que había trabajado contra las iniciativas legislativas de despenalización del aborto, llegando a afirmar que “la laicidad es un hecho peligroso”. Hoyos había sido directora de Red Futuro Colombia, una de las organizaciones pro-vida más influyentes en Colombia.
Las dos principales organizaciones de la sociedad civil promotoras de las protestas contra la Clínica de la Mujer son Red Futuro Colombia y Esto es conmigo, otra organización pro-vida que apoya la candidatura de Ilva Myriam Hoyos a la Corte Constitucional y de otros candidatos que defiendan los valores familiares católicos.
Londoño señaló, respecto a estas protestas, que “no sobra recordarles a los nuevos inquisidores, que el Estado colombiano es laico, que el aborto está despenalizado en Colombia en tres circunstancias especiales, que por ley (Resolución 4905 del 14 de diciembre de 2006), es deber del Estado garantizar la provisión de servicios de salud seguros y definir los estándares de calidad que garanticen el acceso oportuno a los procedimientos de interrupción voluntaria de embarazo (IVE); que esta obligación cobija a Empresas Promotoras de Salud (EPS), entidades de medicina prepagada, entidades departamentales, distritales y municipales de salud. Si estas entidades no ofrecen estos servicios con calidad y oportunidad, serán objeto de sanciones”.
Este caso pone en duda nuevamente que la laicidad del Estado Laico sea realmente respetada en Colombia. Las convicciones particulares de la religión católica se siguen imponiendo como moral pública, que decide no sólo sobre lo correcto e incorrecto en materia sexual y reproductiva, sino influye sobre el gasto público, que debe responder a esa moral religiosa.
