Jana Villayzán, presidenta de la Red Nacional por los Derechos de las Personas Travesti, Transgénero y Transexuales del Perú, afirma que el Estado asume a la población trans como la potencial transmisora de infecciones sexualmente transmisibles, al tiempo que carece de políticas que generen salidas integrales a la situación de exclusión que enfrenta este colectivo, desde un enfoque de derechos humanos.
“No cumplir con el mandato heteronormativo constituye un factor de vulnerabilidad social para las personas trans, que ven recortados derechos fundamentales como el acceso a servicios de salud, empleos dignos y remuneraciones adecuadas, o estudiar y prepararse para ingresar en condiciones favorables al mercado laboral”, señala.
En este contexto, son pocas las alternativas laborales de esta población, que suele desempeñarse en oficios como la cosmetología o en pequeños negocios. Un considerable porcentaje se dedica al trabajo sexual, lo cual incrementa su situación de vulnerabilidad, principalmente en el ámbito de la salud.
Dificultades y retos
En el 2007 se llevó a cabo la Consulta Nacional “Derechos Humanos, Trabajo Sexual y VIH en el Perú”, que permitió identificar los principales nudos que interfieren en el acceso a los servicios de salud por parte de la población trans y elaborar lineamientos para un abordaje multisectorial de estos temas, desde la acción del Estado y la sociedad civil.
En lo concerniente a la salud, se encontraron situaciones de estigma y discriminación en los servicios públicos, que alejan a esta población de prácticas de prevención y cuidado. Según informa Villayzán, por lo general, las personas trans que ejercen trabajo sexual no pueden acudir a la atención médica periódica que manda la ley, porque los horarios en que se prestan estos servicios no se adecuan a su rutina de vida. A través de la Consulta también se pudo conocer que muchas personas trans que viven con VIH/sida sufren discriminación en los establecimientos de salud, inclusive a veces no tienen acceso al tratamiento antirretroviral.
Otro tema a considerar es la importancia que tiene para la población trans la producción de un cuerpo acorde con su identidad de género, para lo que apela a recursos que pueden ir desde el simple el maquillaje, hasta el uso de hormonas, la inyección de siliconas, la implantación de prótesis, o el sometimiento a intervenciones quirúrgicas más complejas. “Los operadores de salud desconocen las particularidades de la población trans. No existen servicios públicos de salud con personal especializado para aplicar hormonoterapia y mucho menos para las intervenciones quirúrgicas que requieren. Ante este vacío, y por la falta de recursos económicos, muchas veces las personas trans se automedican o recurren a prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida y su salud”, señala Villayzán. En tal sentido, añade, se requiere servicios de salud integral que cuenten con protocolos de atención específicos y con profesionales capacitados para atender a esta población.
La identidad, piedra angular
Una de las demandas de las personas trans al sistema de salud es el uso del nombre social en las historias clínicas en lugar del que figura en su documentación. Suele suceder que, al tratarse de documentos con carácter legal, los operadores de salud exigen a las usuarias que al inscribirse utilicen el nombre que figura en su documento de identidad, que por lo general es del género contrario al nombre usado socialmente. “Esta exigencia hace que muchas se sientan violentadas y opten por no acudir a los servicios de salud, con lo que sólo agravan la situación de precariedad que las afecta”, acota la líder, quien considera que el respeto a la identidad de género es el fundamento para el ejercicio de otros derechos.
“Como movimiento estamos trabajando para contar con leyes que reconozcan el derecho de las personas a ser identificadas desde la perspectiva de su auto percepción de género y no en función del aspecto biológico. Nuestra Constitución, como la de los otros países de la región, consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad”, recuerda.
El hecho de haber identificado estos problemas ha permitido a la población trans trazar una hoja de ruta para avanzar hacia el ejercicio irrestricto de sus derechos y poner en claro los retos que le corresponden como colectivo organizado. Por un lado, saben que el Estado no puede evadir esta responsabilidad, “porque los derechos humanos son para todos y todas, sin excepciones”. Pero también son concientes de que se trata de un Estado conservador, que no va a priorizar sus demandas.
“Este contexto nos confronta como movimiento; somos un colectivo joven y nuestros procesos de articulación y fortalecimiento son incipientes. Sabemos que el camino es largo, pero avanzamos día a día”, concluye.
