Uruguai

Aprovado uso do nome social

La cámara de Senadores del parlamento uruguayo aprobó el proyecto de ley que prevé la posibilidad de cambio de sexo registral, más allá de que la persona se haya realizado o no una operación de resignación de sexo. De acuerdo al proyecto, el trámite para el cambio de nombre y sexo en los documentos debe realizarse ante los juzgados de familia, permitiendo incluso a los menores de edad realizarlo con o sin la autorización de los padres, en forma provisoria hasta los 18 años, cuando deberán confirmar nuevamente su decisión.

El proyecto cuenta con el apoyo de toda la bancada del Frente Amplio y será acompañado por la oposición. Sin embargo, los partidos Nacional y Colorado no votarían los artículos que permiten a los menores de edad realizar este trámite. Además, establecieron como condición para votar el resto del proyecto que en la letra de la ley se explicite que el oficio de la Oficina de Registro Civil debe informar –cuando una persona que cambió su nombre desee contraer matrimonio– al futuro cónyuge “en forma reservada” los datos emergentes de la partida de nacimiento original de su pareja. “Se busca evitar la sorpresa”, aclaró en su momento el senador blanco Enrique Antía.

Dentro del espectro amplio de la diversidad sexual, las poblaciones más castigadas son la travesti y la transexual. Para ellas y ellos el cambio de nombre es un tema de identidad y de conflicto cotidiano: en el sistema de salud, en la angustia de ser llamadas y llamados por un nombre que manifiesta exactamente lo contrario a cómo se sienten, al buscar de trabajo, al solicitar un crédito, ante la imposibilidad de alquilar o no poder decidir sobre una pareja enferma. "Muchas chicas ni siquiera tienen cédula de identidad porque no quieren pasar por la violenta situación de, por ejemplo, ser llamadas por el nombre de varón", afirma María Paz Gorostizaga, coordinadora del Área Trans del Colectivo Ovejas Negras (Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual).

El proyecto de ley fue una iniciativa de la senadora frenteamplista Margarita Percovich (autora también de la ley de unión civil que contempla a parejas del mismo sexo) y de las organizaciones Gay, Lésbicas y Trans uruguayas. Esta articulación entre movimientos sociales y representantes parlamentarios logra deslindar el asunto de cualquier interpretación asociada con la enfermedad y evitar definiciones como “transgénero”, “travesti” o “trans”, para atender a lo que la persona siente; así como sustituir el diagnóstico psicológico por un equipo multidisciplinario que confirme la permanencia de en el tiempo de la identidad de género de elección de el o la solicitante. “Todo el pensamiento que han construido las normativas del Estado y la legislación tiene una concepción binaria del sexo. O se es hombre o se es mujer. Por lo tanto, el reconocimiento de que pueda existir una identidad sexual diferente, que por suerte empieza a aceptarse, no se corresponde con las bases de la identificación civil y registral, y eso es lo que estamos tratando de corregir. Igual estoy segura de que en algún momento deberá plantearse un cambio mucho más profundo en el que se acepte, por ejemplo, la transexualidad como un género”, explicó la senadora Percovich al diario argentino Crítica.

Para Talía, travesti de 22 años, este proyecto de ley significa sobre todo la posibilidad de salir de la prostitución, ya que si su aspecto coincide con su nombre tiene más posibilidades de ser empleada. De ese modo ella podría acceder a una vivienda alquilando o solicitando crédito utilizando su propio nombre, como cualquier otra ciudadana, sin pasar por el trámite de comprobar su identidad a cada paso. Podrá sentirse segura frente a la policía, que en vez de tomarle la denuncia por discriminación o maltrato cuando los vecinos la hostigan por ser travesti, decide minimizar el asunto y anotar el incidente bajo el rótulo de “mala vecindad”. “Aquí hace falta educación, concluye Talía, para esos padres, esos adolescentes, para el milico, pero educación asociada al respeto, una palabra sacada del cofre; más aun, si se trata de derechos que el Estado debe asegurar a todos sus habitantes”.

Publicada em: 18/12/2008

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