La despenalización del aborto en el Distrito Federal coloca a México a la vanguardia de América Latina en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres.
Fue calificada como histórica la medida que despenaliza en la ciudad de México la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. En un ambiente polarizado y con un recinto acordonado por las fuerzas del orden, para evitar enfrentamientos entre partidarios y antagonistas, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó, el pasado 24 de abril, por mayoría de 46 votos contra 19, reformas al Código Penal que no sólo dejan de considerar delito al aborto voluntario practicado antes del primer trimestre de embarazo, sino que reduce considerablemente las penas a quienes lo practiquen después de ese periodo.
La medida sorprende en un país gobernado por un partido conservador, donde más del noventa por ciento de la población es católica. La aprobación significa un enorme salto en la percepción de la gente sobre un tema considerado tabú hasta hace pocos años por el rechazo que suscitaba la sola mención de la palabra y que ahora, según una encuesta de la firma María de las Heras, es respaldado por el 72 por ciento de las mujeres en la capital mexicana.
Parte de la explicación de este cambio se encuentra en el cambio de los términos del debate, que se desplazó del extremista “a favor o en contra del aborto” (“abortistas” vs. “antibortistas”) hacia el “a quién le corresponde decidir” en una sociedad democrática y laica. Las feministas mexicanas, a quienes se debe en mucho el avance en la discusión pública del tema, insistieron durante años en que nadie está a favor del aborto, que lo ideal es que esa práctica disminuya, y que para ello se necesita crear una serie de condiciones que permitan a las mujeres tomar decisiones libres e informadas sobre su vida reproductiva. “La nueva ley no obliga ni incita a ninguna mujer a practicarse un aborto; simplemente diversifica las opciones para quienes se enfrentan ante el dilema de un embarazo no deseado”, afirman en un boletín de prensa las integrantes del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), uno de los grupos feministas promotores más activos de dicha ley.
¿Imprudencia o problema de salud pública?
Si bien estas nuevas disposiciones no acabarán del todo con la práctica clandestina del aborto en la capital mexicana, pues quienes decidan interrumpir su embarazo después de las doce semanas de gestación seguirán recurriendo a esa práctica, sí contribuirá enormemente a su disminución en un país donde se calcula entre 100 mil y 500 mil el número de abortos clandestinos por año, en base a cifras estimadas por el Consejo Nacional de Población y por el Instituto Alan Guttmacher, respectivamente. Los abortos mal practicados son la tercera causa de muerte materna en el Distrito Federal. Del 2001 al 2005, 124 mil mujeres ingresaron de urgencia a hospitales de la ciudad de México por complicaciones derivadas de un aborto inseguro. “A partir de ahora, la salud y la vida de las mujeres, y por ende la de la sociedad en su conjunto, estará más protegida”, expresó Mariana Winocur, coordinadora de comunicación social de GIRE.
Mientras que los partidarios de la despenalización insisten en encarar al aborto como un problema de salud pública, los opositores lo ven como el resultado de un acto imprudente producto de la irresponsabilidad de la mujer: La provocación del aborto no se justifica –argumentan los senadores del conservador Partido Acción Nacional (PAN), principal opositor de la despenalización– cuando es causa “de un acto irresponsable”, “de su cuidado de reflexión o de ejercicio de la razón para prever el embarazo”. Sería absurdo, argumentan en un comunicado presentado a la prensa, “justificar la impunidad de una conducta realizada por imprudencia”. “Hoy lo que se está legislando es a favor de la imprudencia de una pareja”, esgrimió por su parte el diputado panista Jorge Romero el día del debate en la Asamblea Legislativa. El secretario general adjunto de ese partido, Carlos Abascal, llegó a acusar a los partidos promotores de la despenalización del aborto de promover “el genocidio en el vientre materno”.
Un poco de historia
Desde que en 1931 se despenalizó en el Distrito Federal la interrupción del embarazo producto de una violación, el tema no fue tocado sino hasta los años setenta cuando los grupos de feministas intentaron introducir una iniciativa de ley sobre maternidad voluntaria, aprovechando las reformas constitucionales recién aprobadas que garantizan el derecho a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. Sin embargo, éste y otros intentos por despenalizar el aborto en los años ochenta y noventa no fructificaron por la oposición de la jerarquía católica, hasta que en el año 2000, la jefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, propuso aumentar tres causales más de aborto legal: por inseminación artificial no consentida, por grave riesgo de la salud de la mujer y cuando el producto presenta malformaciones congénitas o genéticas graves. Las reformas fueron aprobadas ese mismo año,= luego de un intenso debate.
Para romper la polarización paralizante del debate en torno al aborto, las feministas decidieron seguir una estrategia gradualista: pugnar primero por aumentar las causales no punibles de aborto y homologar las leyes penales en todo el país sobre la interrupción del embarazo, sobre todo cuando la vida y la salud de la mujer esté en peligro. Esa estrategia les permitió avanzar en el debate en términos más racionales, ganar adeptos y quebrar la falsa dicotomía “a favor o en contra del aborto”. Y cuando la izquierda ganó el poder en la capital de la república, se presentó la coyuntura favorable para materializar los cambios legislativos.
El caso Paulina, una adolescente a quien en una ciudad del norte del país las autoridades estatales pertenecientes al PAN impidieron interrumpir su embarazo producto de una violación, a pesar de estar estipulado en la ley –lo cual fue motivo de escándalo– contribuyó a sensibilizar a la opinión pública sobre el tema.
El cumplimiento de la ley, el segundo round
Mientras el debate continúa luego de aprobadas las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud, las primeras mujeres ya están acudiendo a los hospitales de la ciudad a solicitar se les practique un aborto. La ley entró en vigor a los tres días de votada, el gobierno de la ciudad decidió darle celeridad. Sin embargo, y a pesar de que las autoridades de Salud del DF aseguran que clínicas y hospitales están listos y acondicionados para ofrecer el servicio, existe la duda sobre la preparación del personal de esos centros. La doctora Raffaela Schiavon, directora ejecutiva de Ipas México, afirma que el reto ahora es hacer que el sector salud cumpla con la ley: “El personal de salud necesita ser sensibilizado y capacitado para que los servicios estén disponibles para todas las mujeres”, afirmó luego de calificar como histórica y una victoria importante para la salud y los derechos de las mujeres la aprobación de la ley, pero advirtió que se trata sólo del comienzo. Y no le falta razón, las autoridades de salud del Gobierno Federal, de tendencia conservadora, declararon que los hospitales y centros de salud a su cargo ubicados en la capital del país no acatarán las nuevas disposiciones legales sobre el aborto, ya que son de competencia exclusivamente local, “dentro del marco jurídico al que nos apegamos no está contemplada esa intervención”, expresó el Secretario de Salud federal José Angel Córdova Villalobos.
Esta posición del Gobierno Federal, va a provocar un proceso judicial, advirtió el jefe de gobierno de la capital, Marcelo Ebrard, ya que de acuerdo al principio de territorialidad las instituciones federales están obligadas a acatar las leyes locales. Al respecto, el abogado y asesor jurídico de organizaciones feministas Pedro Morales Aché convocó a las mujeres a quienes se les niegue el servicio de interrupción del embarazo en cualquiera de las instituciones de salud públicas o privadas a demandar y hacer valer sus derechos por todos los medios de defensa legal disponibles. Y anunció que las organizaciones feministas como GIRE van a apoyar a las mujeres que decidan presentar demandas penales o juicios de amparo.
Por su parte, el cardenal Norberto Rivera Carrera, acusado en Estados Unidos de encubrir a un cura pederasta mexicano, hizo un llamado a médicos y enfermeras a hacer valer su derecho a la objeción de conciencia, reconocido por la propia ley, y negarse a practicar abortos. La Arquidiócesis de México, por su parte, amenazó con la excomunión a las y los legisladores que aprobaron la ley, argumentando que estos actuaron de manera deliberada y ventajosa contra quienes no se pueden defender.
En defensa del estado laico
La beligerancia y el intervencionismo asumidos por la jerarquía de la Iglesia Católica mexicana en contra de la ley y sus promotores, que llegó incluso a llamar a la movilización y a desobedecer la nueva disposición, provocó la firme defensa del carácter laico del Estado mexicano por parte de diversos sectores civiles y políticos. Muchos entendieron que defender la nueva ley significaba también defender la laicidad de las instituciones del Estado. El reconocido jurista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Carrancá y Rivas, declaró al diario mexicano La Jornada que “lo que se ha consagrado en esta ley, nos guste o no, es un espacio de libertad para la mujer que decide abortar. Es una ley que corresponde plenamente al espíritu de nuestra Constitución en cuanto a laicismo y en cuanto a nuestra libertad de credo.” Abogados, políticos, juristas y legisladores pidieron a la secretaría de Gobernación llamar a cuentas y sancionar al cardenal Rivera Carrera y al vocero de la Arquidiócesis de la ciudad de México por haber violado el principio que rige a un Estado laico: “los ministros de culto no pueden aconsejar el no cumplimiento de una ley; además, tienen prohibido constitucionalmente inmiscuirse en asuntos del orden civil, no pueden opinar en cuestiones políticas, pues hay una separación entre los negocios eclesiásticos y los negocios civiles”, manifestó Elisur Arteaga Nava, experto en derecho constitucional de la Universidad Autónoma Metropolitana. A su vez, la abogada Bárbara Zamora declaró a la prensa que el cardenal había violado la Constitución al opinar en cuestiones fuera de su competencia. “Una ley no puede ser interpretada desde el punto de vista de una religión”, expresó la defensora de los derechos humanos. La Secretaría de Gobernación, por su parte, inició un proceso administrativo en contra del cardenal y su vocero a petición del Partido Alternativa Socialdemócrata. Incluso el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, participó indirectamente en el debate al declarar en un evento público que “una democracia o es laica o no es democracia”.
Toda esta polémica generada en torno al aborto tuvo un fruto un tanto inesperado. Finalmente, todas las posiciones encontradas entre políticos conservadores y de izquierda, feministas y legisladoras de derecha, abogados católicos y defensoras de los derechos de las mujeres, asociaciones de padres de familia e investigadores académicos coincidieron, con excepción de la iglesia católica, en un punto: la necesidad de fortalecer las campañas de educación sexual y del uso de métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados. La titular de Educación del conservador Gobierno Federal, Josefina Vázquez Mota, declaró a los medios, luego de aprobada la no punición del aborto, que esa dependencia fortalecerá la agenda preventiva en materia de sexualidad.
Vanguardia en América Latina
La despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, coloca a México a la vanguardia de América Latina en materia de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En la región latinoamericana y del Caribe, sólo Puerto Rico, Cuba y Guyana tienen leyes similares. Sin duda, la aprobación de esta ley en la capital mexicana impulsará y cambiará el curso del debate en una región que presenta los índices más altos de abortos en todo el mundo, y que a pesar de ello tiene las políticas más restrictivas para hacerle frente.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica ocurren 3 900 000 abortos al año, la gran mayoría realizados en condiciones inseguras. La relación entre nacimientos y abortos es muy alta: por cada tres bebés nacidos ocurre un aborto inseguro. Sudamérica es la región con la más alta incidencia de abortos inseguros en todo el mundo. El 21 por ciento de las muertes maternas en América latina se calcula que están asociadas con abortos mal practicados. En Bolivia esa tasa asciende a la tercera parte de las muertes maternas. Y en Brasil el 31 por ciento de los embarazos terminan en abortos. Con este record, los países latinoamericanos tarde o temprano tendrán que revisar sus leyes en torno a la materia.
“Las leyes restrictivas perjudican a las mujeres más pobres, que por falta de dinero, de instrucción o de información, recurren a prácticas inseguras e insalubres”, argumentan las integrantes del Grupo de Información en Reproducción Elegida, y concluyen que “la prohibición del aborto es, en consecuencia, un atentado contra los derechos humanos y una agresión a los principios de justicia social”.
