¿Qué costo paga Chile por delitos de violencia intrafamiliar? Un estudio encargado por el Ministerio del Interior sobre el “costo económico del delito” reveló que el país gasta 266 millones de dólares en atender a víctimas de violencia intrafamiliar (“VIF”, en la jerga de las políticas públicas). De acuerdo con estos datos, se trata del segundo delito con mayor costo nacional –luego del robo y el hurto sumados– alcanzando los 332.4 millones de dólares.
< Los robos y hurtos generan más pérdidas económicas, pero su ocurrencia no es mayor que la violencia dentro del hogar. Las ocurrencias de violencia familiar duplican, en cifras, las de robo con violencia. Así, es más probable que una mujer sea agredida en su casa por su pareja, que por un extraño en la calle, y es más frecuente que un niño sea agredido sexualmente en su hogar por un familiar, que afuera por un desconocido.
Muchos chilenos sienten la calle como una amenaza y compran armas o transforman sus hogares en verdaderos bunkers. ¿Por qué el énfasis en la inseguridad fuera de la casa, ignorando lo que sucede al interior del hogar? Ximena Rojas, subdirectora de DOMOS (Centro de Desarrollo de la Mujer), explica que la violencia que viven las mujeres al interior de la pareja o familia no se ve porque ha sido naturalizada durante siglos y tiene a la sociedad como cómplice. Existe un silencio que oculta este tipo de violencia y que está relacionado con la necesidad de resguardar la privacidad familiar, diferentes concepciones culturales sobre violencia, temores, o simplemente el dolor de hablar.
Sin embargo, la reflexión, intervenciones y debates de los últimos 20 años han dado sus frutos. Organizaciones como la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual y la Corporación Domos han colaborado para que el Estado creara el Servicio Nacional de la Mujer (1991), el cual asumió el tema de la VIF como un eje estratégico. Todo ello permitió, en 1994, la promulgación de la Ley de Violencia Intrafamiliar, posteriormente modificada.
De este modo, recién en 2005 se tipificó como delito el “maltrato habitual físico y psíquico” al interior de una familia y se determinó un castigo con penas de cárcel. Al aprobar la nueva ley también se aumentó en un grado la pena de todos los delitos de lesiones, obligando a los jueces a dictar medidas de protección para las víctimas y sancionar la agresión psicológica habitual.
Otro aspecto importante es que el cuerpo legal amplió el concepto de violencia intrafamiliar al considerarlo como todo maltrato que afecte la vida, integridad física y psíquica entre personas que mantienen un vínculo de parentesco. “Ahora la relación de pareja no sólo incluye al cónyuge o conviviente –como la actual Ley– sino también ex maridos, ex convivientes y a los padres de hijo en común, aunque no haya mediado convivencia. Cabe considerar que la ley anterior tenía su mayor déficit en el hecho que tipificaba la violencia al interior de la familia sólo como falta. En Chile las organizaciones de mujeres hemos sido muy perseverantes con nuestras propuestas y acciones, para avanzar en la lucha por derechos humanos de las mujeres”, explica Ximena Rojas, subdirectora de Domos.
Por su parte, Soledad Rojas, Coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, comenta que la promulgación de la nueva Ley de Violencia Intrafamiliar salda en parte la deuda histórica del Estado chileno, pero aún faltan políticas dirigidas a reconocer, prevenir y sancionar otras formas de violencia sexista que experimentan las mujeres indígenas, lesbianas y migrantes, principalmente.
Pese a varios años de campañas, inversiones del Estado, políticas de control y sanción a los agresores o atención a víctimas, la realidad sigue siendo elocuente. En 2006 hubo un promedio de 80 mil denuncias por VIF y 44 casos donde una mujer murió en manos de un hombre. Según el Registro Civil, desde 2001 hasta la fecha, más de 6 mil hombres han sido condenados por violencia intrafamiliar. Las cifras, además, indican que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia o la están viviendo en sus hogares.
Por lo anterior, existen iniciativas destinadas a perfeccionar la ley y velar por la protección de las víctimas. En el ámbito legal, se presentó una propuesta para ampliar la aplicación de la Ley de Violencia Intrafamiliar, de tal manera que sea extensiva a agresiones que se produzcan en relaciones afectivas donde no necesariamente exista un vínculo formal o convivencia, como es el caso del “pololeo”, como se denomina en Chile a las relaciones de pareja entre jóvenes y adolescentes. Ximena Rojas, cuya organización, Domos, publicó un estudio sobre violencia en el pololeo, corrobora que “la agresión se vivencia en forma más temprana al interior de la relación de pareja y se hace presente también en uniones menos estables, como las relaciones de pololeo. Esto significa que no están protegidas por esta ley las relaciones afectivas en las cuales no exista convivencia ni hijos comunes, aún cuando haya fuertes lazos de afectividad que apunten a la construcción del concepto de familia”.
La modificación de la ley también busca perfeccionar la investigación del delito y el modo en que se determina el maltrato habitual. Actualmente la ley señala que la habitualidad se establece según el número de actos ejecutados, así como por la proximidad temporal de los mismos. La nueva propuesta que se encuentra en su etapa de análisis en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta apunta a que se acote el concepto de habitualidad, siendo suficiente la existencia de más de un hecho constitutivo de violencia intrafamiliar.
En cuanto a la protección de las víctimas, un compromiso de la Presidenta Bachelet fue la creación de Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia grave. Esta iniciativa fue concretada en enero de este año por el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) que puso en marcha 14 de estas Casas, una por cada región del país. Estos lugares ofrecen protección temporal a mujeres en riesgo vital a causa de violencia intrafamiliar, otorgándoles un lugar seguro de residencia y herramientas que les permitan, una vez que salgan de allí, continuar con sus vidas de forma autónoma y no verse expuestas a la misma situación de violencia. Pero las Casas de Acogida no resuelven el problema de fondo, para lo cual es fundamental implementar una red de apoyo intersectorial. Por este motivo, el Sernam involucró a varios actores del gobierno: el Ministerio del Trabajo otorgará becas especiales para mujeres agredidas, el Ministerio de Educación entregará cupos específos para sus hijos y el Ministerio de Vivienda posibilitará formas de postulación diferenciadas a casas.
Una línea complementaria, es brindar seguridad a las mujeres y niños ante amenazas del agresor, debido a los impactantes casos de femicidio en Chile. “La mayoría de las mujeres asesinadas vivía violencia a manos de sus maridos, convivientes, ex parejas, amantes o novios. Muchas de estas mujeres habían acudido a tribunales, e incluso tenían medidas precautorias. No obstante, los agresores las asesinaron”, señala la especialista Ximena Rojas. Por esto, Domos está aliada con la Diputada Adriana Muñoz, apoyando una iniciativa legislativa para otorgar seguridad a las mujeres. En el proyecto de ley ingresado en septiembre de 2006, se plantea un sistema de seguimiento satelital para los agresores, como un modo de prevenir que se acerquen a las víctimas.
Las y los expertos coinciden en que prevenir la violencia familiar implica profundos cambios en los valores y el comportamiento de las personas, involucrando a toda la sociedad y no sólo las leyes o el Estado. Significa, principalmente, reconocer los derechos individuales de cada miembro del grupo familiar, estimular las formas pacíficas de resolver conflictos desde la infancia, conociendo y aplicando formas de tolerancia, respeto a la diversidad y a la libertad.
