Chile

Alcances de uma decisão

Más que aquietar las aguas y calmar los ánimos, el fallo del Tribunal Constitucional movilizó a un país entero. Primero fueron las organizaciones de mujeres las que reclamaron. Se sumaron las matronas y los trabajadores de la salud y también los alcaldes progresistas y varios parlamentarios. Hasta organizaciones de otros países han entregado su respaldo y organizado manifestaciones de apoyo como la carta del Consorcio Latinoamericano de Anticoncepción de emergencia, Católicas por el Derechos a Decidir, CLADEM

El Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción –espacio que articula a numerosas organizaciones de mujeres, federaciones estudiantiles, organizaciones políticas y sociales, junto a la Central Unitaria de Trabajadores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Amnistía Internacional, gremios, colegios profesionales, partidos políticos y artistas– llamaron a rechazar el fallo del Tribunal Constitucional y a defender el derecho a la libertad de decisión de todas las chilenas y chilenos.

La respuesta fue multitudinaria. En todo el país mujeres y hombres, estudiantes universitarias/os, profesionales y organizaciones feministas y de derechos humanos, se manifestaron por las calles bajo la consigna “por el derecho a decidir” y rechazando la “dictadura moral” del Tribunal Constitucional. Sólo en Santiago se congregaron más de 17.000 personas en la tarde del martes 22.

Mientras el real alcance del fallo sigue generando polémica, porque el Gobierno, la oposición y las iglesias tienen posiciones contrapuestas respecto a si los consultorios municipales pueden seguir distribuyéndola, conversamos con Lidia Casas, abogada y profesora de la Universidad Diego Portales, representante de los parlamentarios de la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición que reúne a la mayoría de los partidos contrarios al ex dictador Augusto Pinochet) frente al Tribunal Constitucional, así como de ocho organizaciones del ámbito biomédico, entre ellas el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER) y la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA).

¿Qué significó la multitudinaria marcha contra la decisión del Tribunal Constitucional?

La marcha mostró un cambio generacional: jóvenes que daban por hecho que en este país los anticonceptivos circulaban libremente se dieron cuenta que, de repente, ya no es así. Esta situación despierta un movimiento ciudadano dispuesto a rebelarse frente a una minoría que tiene poder, que es capaz de manipular los medios de prensa y a los jueces con un poder político importante, dado el sistema que tenemos en Chile.

Si fue fundamental la presencia de jóvenes, también fue ver en la marcha a mujeres mayores y a muchos hombres comprometidos contra el cercenamiento de libertades, entendiendo la globalidad del conflicto. Hubo además personas de distintos sectores sociales y profesiones, demostrando así que es una oposición muy transversal.

La marcha dejó ver que hay interés y preocupación ciudadana por este tema. Incluso, participaron parlamentarios. Con este antecedente, ¿existe la posibilidad de crear un gran movimiento ciudadano capaz de incidir con nuevas leyes, vinculadas con esta temática?

Existen varios proyectos de ley que están en el Congreso hace casi una década y apuntan en este sentido, como por ejemplo el proyecto de Ley Marco sobre derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, estos mismos sectores conservadores han sido reticentes a iniciar una discusión política pese a que no reflejan el sentir de la ciudadanía. Ahora bien, hay también un espacio de omisión de algunos sectores políticos, que llamaremos de “centro”.

Si recordamos cómo se han gestado los grandes cambios en Chile, éstos han sido terriblemente lentos. Un ejemplo es la Ley de Divorcio. Las manifestaciones de la opinión pública eran muy claras sobre la necesidad de contar con una ley que regulara esta materia. Y en ese contexto, además de los conservadores, aquel sector que estaba al medio del espectro político tampoco estaba dispuesto a legislar. Sólo cuando ellos fueron capaces de tener internamente esa discusión, hubo un clima propicio para avanzar. Dicho de otra manera: hubo votos suficientes para legislar.

El primer éxito ciudadano fue el voto favorable a la idea de legislar sobre el divorcio. Hubo abrazos y expresiones de alegría. Era el año 95. Nos tomamos una década para resolver. Se puede afirmar que políticamente en Chile existen ciertos sectores que tienen un poder político fuerte y que no necesariamente responden siempre a la derecha, sino a este sector intermedio. Movilizar este grupo cuesta mucho más.

Ahora bien, la manifestación reciente es distinta a las que hubo por el divorcio. Por ser un año de elecciones municipales, hay más claridad y disposición a pasar “la cuenta” a quienes elegimos en las urnas y que hoy –a través de sus votos– simplemente bloquean iniciativas, como la del Ministerio de Salud.

¿Existen vías de impugnación contra la resolución del Tribunal Constitucional?

Con mayor claridad está la posibilidad de recurrir a instancias internacionales que pueden ser dos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recibe denuncias bajo el amparo de las obligaciones que Chile ha suscrito bajo el pacto de San José de Costa Rica; y el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que tiene competencias para recibir denuncias bajo el Pacto de derechos civiles y políticos.

¿Qué pasa con los municipios y la posibilidad de que ellos, como poder local, repartan la píldora?

Hay un escenario distinto a lo esperado. Existe una norma que permite a las municipalidades desarrollar sus propias acciones en Salud, distintas a las que señala el Ministerio y que fueron prohibidas por el TC. Esta situación da cuenta de un espacio de apertura distinta al de hace unos años. La respuesta desde el poder local, de organizaciones de la sociedad civil, incluso desde el propio Ministerio son claras: ésta era una política justa y vamos a encontrar la forma para que las mujeres tengan acceso a un método anticonceptivo, en la medida que esté previsto por alguna reglamentación.

La medida municipal no es un resquicio legal. Tampoco la venta de la píldora en farmacias ni que las organizaciones de la sociedad civil puedan libremente distribuirla. El fallo sólo prohíbe la normativa técnica de entrega del método en los servicios públicos de salud.

Es importante aclarar que el fallo no tiene ningún efecto sobre los registros sanitarios (que consiste en la autorización del Instituto de Salud Pública para que ciertos medicamentos puedan circular libremente en el mercado nacional), considerando que esto fue una cuestión largamente debatida. Es decir, el fallo no tiene alcance más allá de lo que los diputados de derecha pidieron.

Antes intentaron prohibir el registro sanitario del Postinor2 y lo perdieron con un contundente fallo de 5-0 de la Corte Suprema. Lo que hicieron ahora fue un ejercicio táctico: utilizar una vía distinta que impide una política pública en los consultorios del país.

A juicio del abogado Jorge Reyes, que presentó el recurso al Tribunal Constitucional, esta medida es correcta porque, según él, es una decisión individual de la Secretaría, por cuanto en Chile no existe legislación sobre el aborto. ¿Qué le diría al profesional y a la derecha chilena sobre esta postura?

El voto de mayoría del fallo no dice que la píldora sea abortiva. Lo que plantea es la posibilidad de “duda razonable”. El voto de minoría, el disidente, dice que ni siquiera hay duda razonable. No hay ni siquiera un “concebido”, es decir, no estamos discutiendo aborto.

La pregunta de los médicos que fueron a declarar al Tribunal Constitucional era sobre mecanismos de acción; nadie estaba ahí para pensar si el espermatozoide o el óvulo son parte o no del gran cúmulo de lo que constituye vida humana, esa no era la pregunta; por lo que acá, claramente, hay una manipulación de la información.

¿Qué viene ahora?

Veremos qué va a pasar con las elecciones municipales en noviembre próximo: ¿qué harán ahora los alcaldes? Veremos también si esta derecha, conservadora y poderosa, está dispuesta a seguir batallas judiciales: no sólo contra el gobierno, también contra los alcaldes que distribuyan la píldora.

Lo que hay aquí es la completa pérdida de eficacia de este intento por restringir el Conocimiento, el avance de la Ciencia y el ejercicio del Derecho.

Publicada em: 30/04/2008

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