Impensadas hace años, las políticas de género en Salud despiertan hoy entusiasmo en equipos profesionales de la Secretaría de Estado, comisiones regionales y organismos autónomos, que se han reunido en una entidad de nivel ministerial. Al respecto conversamos con la médica pediatra Marisa Matamala, en su calidad de Asesora del Ministerio de Salud chileno en cuestiones de género.
El término “mujer” responde a un universo demasiado amplio y heterogéneo como para ser, en sí mismo, una herramienta útil de cualquier política estatal. Sin embargo, a partir de la llegada de la democracia en 1990, en Chile las políticas gubernamentales incorporaron en sus objetivos políticas para alcanzar la equidad de género.
Desde entonces se han puesto en marcha diferentes programas estatales y reformas dirigidos a las mujeres, que recogen nuevas orientaciones y desafíos. Se trata de políticas públicas enfocadas hacia áreas y materias sensibles como la discriminación, la salud reproductiva, la violencia doméstica, la exclusión en cargos de representación y el trabajo remunerado femenino, entre otras.
Marisa Matamala, especialista en medicina social, fue la encargada del área de género de la oficina chilena de la Organización Panamericana de la Salud y responsable del equipo que apoyó el Observatorio de Equidad de Género en Salud, reflexiona acerca de la necesidad de un rol de control, vigilancia, fiscalización, debate y negociación de la sociedad civil ante la institucionalidad de la salud pública.
Sobre los avances en equidad de género, la profesional destaca un nuevo tipo de liderazgo femenino, “que no tiene como eje el autoritarismo ni la exclusión, sino que es inclusivo y no autoritario”.
Antes de incorporarse al Ministerio de Salud, usted tuvo una trayectoria reconocida en el movimiento por la salud de las mujeres, ¿considera que la reforma de salud llevada a cabo ha tenido entre sus objetivos alcanzar mayor equidad de género? ¿En qué se expresa ese objetivo y cuáles son los mayores avances?
Habría que diferenciar entre lo que fue el proceso de gestación, debate y aprobación de la leyes de la reforma, y lo que ha significado su implementación. Cuando Michelle Bachelet fue Ministra de Salud, hubo un impulso fantástico: se constituyó un comité asesor de género del ministerio desde el que elaboramos un documento que se llamaba “Transversalización de géneros en las políticas de la reforma de salud”, que se publicó y distribuyó. Sin embargo, con la salida prematura de Michelle [Bachelet] del ministerio ese documento se guardó, lo cual significó también un retroceso en la voluntad política de llevar adelante la iniciativa.
Esta propuesta quedó dormida hasta la segunda mitad del período del ex presidente Lagos. Si bien es cierto que no se logró reinstalar totalmente, sí se ha generado un diálogo sobre la necesidad de incorporar el género en las políticas gubernamentales.
En ese entonces se elaboró un proyecto ministerial que se envió a la OPS (Organización Panamericana de la Salud) con el nombre de “Aplicación de género en la implementación de la nueva ley de autoridad sanitaria de la reforma” que produjo un trabajo en el interior del Ministerio y hacia la comunidad donde se desarrolló un modelo de capacitación de género que todavía sigue vigente.
Con la presidenta Bachelet, la Ministra de Salud, Soledad Barría y la creación de las comisiones de género en ese Ministerio, se puede avanzar en el objetivo de instalar la equidad de género en las políticas de nuestro país.
Hoy estamos impulsando el plan 2006-2010, impensado 4 años atrás, que cuenta con una evaluación trimestral desde la Secretaría General de la Presidencia de cada uno de nuestros compromisos. No obstante, en la aplicación de los mismos aún hay serias insuficiencias. Este ha sido un proceso muy contradictorio, ya que su instalación se realiza cuando todavía no existe una masa crítica y los recursos humanos no cuentan con las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para su implementación. Por estas razones, es un proceso muy complejo. Sin embargo, hoy cuenta con un gran compromiso y gran entusiasmo en todo el país: hay un equipo de 50 personas –entre ministerios, comisiones regionales y organismos autónomos– que conforman la Comisión Ministerial de Género.
Ha causado sorpresa en la población y polémica entre los médicos la incorporación de la analgesia en el parto entre las Garantías Explícitas de Salud. ¿Puede explicarme estos hechos?
Muchas personas, entre las que me cuento, planteamos como una prioridad la humanización del proceso reproductivo que pasa por compartir e incorporar al hombre en su calidad de protagonista activo. Por esta razón, el acompañamiento mutuo en la atención del embarazo y del parto asegura, en cierta medida, una comprensión diferente del propio parto. Esto otorga tranquilidad y herramientas para poder enfrentar ese momento con la alegría necesaria y no con el miedo tremendo al dolor que aparece cuando no existe ni el conocimiento, ni la serenidad para enfrentar el proceso.
En relación con la analgesia, que muchas personas al principio confundían con que había que “anestesiar” a la madre, creemos que muchas mujeres pueden quererla, porque no están lo suficientemente informadas o porque le es imposible soportar el dolor y –por supuesto– tienen el derecho a ello. Sin embargo, no me parece necesario transformar eso en una norma. Otras sociedades como Europa y Brasil justamente hacen todo lo contrario.
Creo que hubo una falta de información y muchos sectores priorizaron la analgesia en el parto como una garantía explícita, considerándolo como una prioridad de género. Ojalá quede como una elección y no como la recomendación de rutina.
En relación con la nueva normativa sobre fertilidad, ¿cómo se está dando la distribución de la píldora del día después en los municipios del país? ¿Qué ha pasado con su fabricación y comercialización en las farmacias?
Lo que se impulsa, recomienda y facilita es el libre acceso a toda la población que necesite la píldora. De todos modos, no podemos taparnos los ojos ya que sabemos de múltiples subterfugios que, desde diferentes posiciones, dificultan este proceso. No me cabe duda que las dificultades no se relacionan con disposiciones institucionales sino con información insuficiente y posiciones poco flexibles que interfieren con los derechos de las personas y las disposiciones institucionales.
Si bien en Chile las cifras revelan cierto estancamiento del contagio de VIH/SIDA entre mujeres en comparación con otros países de la región, ¿qué políticas y programas específicos se están implementando o se piensa implementar para prevenir esa enfermedad?
Hasta ahora no ha habido políticas de prevención específicas para las mujeres. No obstante, actualmente está en discusión un documento preliminar elaborado por CONASIDA (Comisión Nacional del Sida, del Ministerio de Salud), que forma parte del piso de lo que será un trabajo conjunto entre el Ministerio y la sociedad civil. Su objetivo es diseñar una campaña de prevención para el segundo semestre de 2008 dirigido específicamente a las mujeres. Durante septiembre, CONASIDA responderá las sugerencias de la sociedad civil y, a partir de allí, se iniciará el debate en torno al diseño de la campaña.
Sin embargo, para que una campaña contribuya a la transformación cultural, debe tener cierta continuidad en el tiempo y, además, instalarse en las mujeres la idea de apropiación de sus derechos. Se trata de procesos que no se transfieren sino que deben ser vividos por las individuas y sus colectivos, por ello son procesos de largo aliento.
Además, las políticas públicas de educación y de comunicación pasan a ser sustantivas en materia de prevención de VIH y no sólo van orientadas hacia las mujeres, sino también a los hombres y a la necesidad de promover nuevos modelos de masculinidad, en los cuales no esté incorporada la violencia como elemento central. La base de los procesos de socialización tiene que ser el desarrollo de políticas públicas orientadas a promover nuevos modelos y roles.
En ese contexto, ¿qué rol juegan o deben jugar la sociedad civil, y en especial, las organizaciones de mujeres en las políticas de salud?
Al igual que sucede en países como Brasil, Costa Rica o en algunos Estados de México, creo que las propuestas de políticas de la sociedad civil en Chile deben tratar de incidir al máximo y ser capaces de decir “tú propuesta o la mía, ¿cuál es mejor?”; no sólo opinar y proponer mejoras en las propuestas institucionales. Creo que ese tiene que ser el rol central; el otro es el del control o vigilancia social. La idea es que su fiscalización sea contundente, que cuenten con un instrumento de negociación y debate con la institucionalidad pública.
¿Para usted, qué impacto supone para la equidad de género tener una mujer Presidente de la República y una mujer Ministra de Salud?
Hay impactos positivos e impactos negativos. Lo más importante es instalar en el imaginario de la población que las “mujeres pueden ser presidentas” y pueden ocupar cualquier cargo de responsabilidad.
Ahora, ese cambio ha desencadenado también impactos negativos. En los últimos meses se ha instalado una estrategia de reacción frente a eso y digo reacción en el sentido de reaccionario, en el sentido de cuestionar el liderazgo de las mujeres, personificándolo en el liderazgo de la Presidenta.
Nos ha faltado explicitar mejor y transmitir comunicacionalmente el cómo se deben manifestar liderazgos de nuevos cuños que no tienen como eje el autoritarismo y la exclusión, sino que son inclusivos, no autoritarios. Hoy se ven mujeres que se hacen eco de la crítica de hombres que, indudablemente, son expresión de sexismo en la política.
Como experta en género en el Ministerio de Salud, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta para avanzar en materia de equidad de género y de equidad social? ¿Qué expectativas tiene frente a los próximos dos años y medio de gobierno de la Presidenta Bachelet?
Hay un tremendo desafío que es asegurar que sean sostenibles estos procesos en el tiempo. Para ello es fundamental contar con los presupuestos necesarios para que las políticas públicas se mantengan en esa dirección.
El otro gran desafío cultural es avanzar en la legitimación del espacio doméstico como el de las mayores contribuciones a la sociedad, es decir, como un espacio en el cual se producen bienes y servicios, riqueza social y, por lo tanto, validarlo como un lugar que debe ser compartido entre hombres y mujeres.
