En diálogo con Mabel Bianco presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), repasamos el largo camino recorrido para la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, más conocido por su sigla en inglés, CEDAW, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre de 1999. Según Bianco, “no viene mal reconstruir la memoria” de este camino si tenemos en cuenta que en 1985 el Congreso argentino ratificó la creación de la Convención de la CEDAW, pero que recién fue incorporada a la constitución nacional en 1994. A su vez, este Protocolo Facultativo –el tratado internacional más importante en relación a la defensa de los derechos de las mujeres– tuvo que esperar ocho años para ser reconocido legalmente: sólo el 27 noviembre del año pasado fue aprobado por el Senado de la Nación y finalmente, el 9 de marzo de este año fue ratificado por decreto del presidente Kirchner.
¿Qué efectos tiene sobre la vida de las mujeres la aprobación y el depósito del Protocolo Facultativo de la CEDAW en la ONU?
El protocolo es un instrumento de suma importancia. Nos ayuda a asegurar a las mujeres nuestros derechos y libertades en condiciones de igualdad para todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales. También es útil para adoptar las medidas eficaces con el fin de evitar las violaciones de esos derechos y libertades.
¿Cuál fue el trámite parlamentario del Protocolo Facultativo de la CEDAW en nuestro país?
Todo el Protocolo Facultativo de la CEDAW en Argentina tuvo un proceso que no es el habitual para este tipo de protocolos, convenciones o tratados de derechos humanos. Esto generó en muchas de nosotras una gran inquietud e hizo que durante años trabajáramos y tratáramos de lograr que se aprobara. Hacia fines de 1999, cuando fue aprobado el protocolo en la ONU, Argentina estaba frente a una transición democrática. El nuevo gobierno lo envió con demora al Senado de la Nación, que es la cámara a quien compete iniciar el trámite parlamentario en estos casos. Lamentablemente fue el mismo gobierno que en diciembre del 2001 se tuvo que ir. En condiciones tan desastrosas, el protocolo aún no se había discutido, y entró al Senado en un momento de convulsión.
Sumado a ello, el Protocolo ingresó en coincidencia con una nueva composición de la Cámara de Senadores, a partir de diciembre de 2001. Era la primera vez se aplicaba la Ley de Cupos. Por eso, también por primera vez, había en la Cámara muchas mujeres. Este hecho no fue suficiente para agilizar el trámite debido a otros hechos adversos. El gobierno que asumió en 2002, en el marco de la crisis, nombró como Ministro de Relaciones Exteriores a Carlos Ruckauf. Totalmente opuesto al protocolo, Ruckauf pidió el retiro del mismo, con el aval del Jefe de Gabinete de Ministros.
¿Qué pasó entonces?
Esto hizo que en un momento de mucha preocupación nosotras, un grupo de organizaciones no gubernamentales de mujeres que además sumaba por primera vez a una organización de derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la hora de hacer el contrainforme a la CEDAW dijéramos, entre otras cosas, que el ejecutivo, oponiéndose, había mandado a retirar el protocolo.
¿Cuales eran esas organizaciones?
El Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM Argentina), el Instituto Social y Político de la Mujer (ISPM), Feministas en Acción, Asociación de Especialistas Universitarias en Estudios de la Mujer (ADEUEM), CELS y FEIM.
¿Por qué el ejecutivo se oponía a su aprobación?
El eje de las oposiciones, a las que después se sumaron otras, tenía dos baluartes, dos puntos centrales. El primero era que el protocolo atentaba contra la seguridad nacional. Todos los protocolos facultativos u opcionales implican lo que ellos en este veían como un atentado contra la seguridad nacional, porque significaba que las y los expertos iban a tener derecho a plantear investigaciones y a pedir explicaciones al gobierno, ya sea frente a la denuncia de personas individuales o inclusive a informaciones que ellos registrasen en los medios de comunicación. No se reconocía el hecho de que el mecanismo de funcionamiento del Protocolo Facultativo de la CEDAW no era distinto de cualquier otro. El segundo punto era el de quienes aducían que se abría el camino a nuevos derechos, como el del aborto, que en nuestro país está penalizado, salvo en los casos planteados como excepciones en el Código Penal.
¿Qué hizo el movimiento frente a esta situación?
Los grupos de mujeres, algunos grupos de derechos humanos y otros grupos de profesionales, investigadores y académicos veníamos diciendo que esto no era así, que eran argumentos que no tenían sentido. También juntamos firmas con grupos de mujeres en la calle, con partidos políticos, con sectores profesionales… en un momento dado pensamos llevar una carretilla con las firmas que teníamos a favor de la aprobación de la CEDAW.
¿Cómo se expresaban quienes estaban en contra de la aprobación del Protocolo Facultativo?
Algunas fuerzas como los Obispos –el Episcopado, mejor dicho– mandaron en el 2002 una carta a todos los integrantes de la Cámara de Senadores con su interpretación de la situación; y la repiten anualmente.
¿Cuándo cambió la actitud del Poder Ejecutivo respecto de la CEDAW?
Con el gobierno de Kirchner, que asume en 2003, se designa a Juliana Di Tulio como Representante Especial para Temas de la Mujer en el Ámbito Internacional de la Cancillería. Ella apoyó esta iniciativa, muy respaldada por el Ejecutivo. Justamente en ese momento, desde el movimiento de mujeres iniciamos un expediente ante la Jefatura de Gabinete, inclusive conseguimos firmas y notas de líderes de distintos partidos políticos y de organizaciones de derechos humanos, que no son las tradicionales en este tema, y de gente de la cultura. Pero cuando al ser resuelto ese expediente y ser enviado al Senado, en este ya había salido como despacho, generando una colisión, por lo cual el tema volvió a quedar empantanado en 2005.
Varias veces fuimos al Senado mujeres del gobierno, mujeres políticas, de la Cámara de Diputados, mujeres de los medios de comunicación.
En el 2006, estábamos todas completamente desilusionadas, pero seguíamos luchando. No teníamos esperanza de que se fuera a tratar. La verdad es que cuando se consiguió, gracias a un nuevo dictamen que consideraba la opinión del Ejecutivo, la movilización de los grupos de mujeres fue bastante escasa, a pesar de que fuimos varias, porque finalmente a último momento no hubo tiempo, fue todo a las apuradas.
La discusión en Senado fue muy importante e indicó un corte, un quiebre en el que los bloques de los partidos políticos no actuaron necesariamente en forma unitaria. Por ejemplo, una ponencia como la de la Senadora Sonia Escudero de Salta, que respondió a los argumentos del Episcopado y repitió a lo largo de estos años, donde contestó con una precisión y una justeza que me parece que son dignas de mostrar. Tenemos legisladores y legisladoras conocedores de los derechos humanos y del derecho internacional, con capacidad de romper y autonomizarse de sus bloques.
Finalmente, en noviembre de 2006, en medio de una larga sesión en la Cámara de Diputados se aprobó con amplia mayoría la Ley Nº 26.171 cuyo contenido es el Protocolo Facultativo de la CEDAW. Sin embargo, hasta hace unos días el ejecutivo no había concluido los trámites para el depósito de esta herramienta en Naciones Unidas.
En su opinión, ¿Qué viene después de la aprobación de la CEDAW?
Ahora yo creo que la agenda del movimiento de mujeres necesita trabajar en la difusión del protocolo, que la gente sepa de qué se trata ya que en el imaginario colectivo tal vez quedó la idea de que la Convención y este Protocolo están hechos para permitir el aborto. Por lo tanto, nos parece que esto tiene que convertirse en proyectos para que las mujeres y la sociedad conozcan el alcance real de la CEDAW y que se use, por ejemplo, en todos los casos que hemos visto recientemente de violaciones y de violencia sexual.
