México

Derechos Reproductivos a la Calle

¡Saquen sus rosarios de nuestros ovarios! ¡Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo! ¡Aborto legal, derecho fundamental! Bajo estas consignas grupos defensores de los derechos sexuales y reproductivos durante 2010, manifestaron los primeros jueves de cada mes en la Ciudad de México para exigir un alto a la penalización del aborto en los estados de la República mexicana.

Estas manifestaciones en el Hemiciclo a Juárez, la avenida Paseo de la Reforma, o frente a las representaciones estatales de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo y las sedes nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), fueron una respuesta del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres a la ola de modificaciones de 19 constituciones estatales que, en defensa del denominado “derecho a la vida”, penalizaron hasta con 20 años de cárcel la interrupción voluntaria del embarazo.

Con puestas en escena que reivindicaban la figura de “La Matria”, que rebautizaron el Ángel de la Independencia como “Ángela” (la escultura original representa a una mujer), y de juegos de destreza en los que compitieron “Doña Conservadora” contra “Doña Liberal”, las organizaciones aliadas llevaron a la calle la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

Leticia Cuevas Rosete, vocera de esta coalición, explica que el Pacto surgió luego de evaluar el retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos que, para 2009, habían dejado las modificaciones constitucionales en 16 estados del país. La activista señala que la despenalización del aborto en la Ciudad de México, aprobada en 2007, provocó el enojo de grupos ultraconsevadores y de la jerarquía de la Iglesia Católica, que desde el púlpito condenó esta medida e incluso persuadió a la feligresía para que votara por partidos políticos que apoyaban reformas a los Códigos penales que sancionaban el aborto, aún en casos de violación.

Cuevas Rosete afirma que este fenómeno se presentó en estados gobernados por el PRI. Por este motivo, en un primer momento las organizaciones sociales de mujeres buscaron entablar un diálogo con Beatriz Paredes, entonces dirigente nacional del partido político, así como con gobernadores y legisladores priistas para discutir respecto a la necesidad de garantizar el derecho a decidir de las mujeres. Sin embargo no obtuvieron respuesta.

En noviembre de 2009, colectivos feministas socialistas convocaron a una reunión de organizaciones que trabajaran por los derechos de las mujeres, sin importar que sus agendas involucraran otros temas, para cerrar filas y articularse en torno a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. En esta asamblea, que tuvo lugar en el Sindicato de Telefonistas de México, surgió el Pacto Nacional por la Vida y la Libertad y los Derechos de las Mujeres, que tiene como finalidad detener los retrocesos en la materia y cobrar a los funcionarios públicos el costo político de sus acciones.

Las leyes en México estipulan que si la mayoría de las entidades federativas apelan al desconocimiento de una reforma jurídica, como la que permite la interrucpión legal del embarazo, ésta se puede revocar a nivel nacional. Por este motivo, explica Cuevas Rosete, la estrategia implementada por los grupos opositores al derecho a decidir consistió en “poner candados en varios estados hasta lograr la mayoría a nivel nacional” . En respuesta, comenta la activista, el Pacto contempló una estrategia en varios frentes que, además de las protestas en la vía pública, se propuso llevar la discusión a los ámbitos jurídico, médico y mediático. Así, en febrero del año pasado la primera acción del Pacto tuvo lugar en la Cámara de Diputados, donde se pronunciaron contra el avance de la penalización del aborto, brindando argumentos para que no se penalizara a nivel nacional, a pesar de las reformas a las constituciones estatales.

Posteriormente, el grupo protestó en las sedes de los gobiernos estatales de Jalisco, Guanajuato, Puebla, Baja California Sur, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo, estados que condenaron con mayor crudeza el derecho a decidir, donde mujeres que habían abortado fueron detenidas y donde a menores de edad se les impidió interrumpir embarazos ocasionados por abuso sexual. Aunado a las protesas, comentó Cuevas, se buscó incidir en los medios de comunicación a través de actividades públicas de alta visibilidad para posicionar el debate en el espacio público.

Luego de un año de intensas actividades se convocó la Segunda Reunión Nacional del Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres en Xalapa, Veracruz. A este evento, realizado el pasado mes de febrero, acudieron 177 mujeres de 85 organizaciones sociales localizadas en 18 estados para hacer un balance de las actividades llevadas a cabo en 2010, evaluar el estado actual del derecho a decidir en el territorio nacional y definir las líneas de acción para 2011.

Producto del encuentro, la alianza de organizaciones emitió el comunicado ¡Ni cárcel ni muerte a las mujeres por abortar!, que ratificó los compromisos suscritos en la primera reunión:

- defensa del derecho a decidir;

- defensa de las mujeres criminalizadas por ejercer su derecho a abortar;

- defensa del Estado Laico y la lucha contra la imposición de valores por parte de cualquier iglesia al conjunto de la ciudadanía;

- denuncia de los servidores públicos que hayan votado a favor de las reformas constitucionales;

- denuncia de la extralimitación de funciones de empleados de los servicios de salud que juzgan y acusan a las mujeres que abortan;

- denuncia de los servidores judiciales que, en el ejercicio de su labor, aplican criterios personales en lugar de criterios jurídicos;

- defensa del derecho a la salud y la despenalización del aborto en todo el país.

De esta manera, el Pacto Nacional renovó su compromiso de defender la vida digna de las mujeres, que se traduce en libertad, autonomía y poder de decisión sobre sus vidas como forma de desarrollo pleno como personas.

Como resultado de esta segunda reunión, las organizaciones se sumaron a la lucha por la erradicación de la discriminación contra las mujeres, el esclarecimiento de los feminicidios, el respeto a los derechos laborales de las mujeres y la exigencia del reconocimiento del carácter laico del Estado Mexicano en la Constitución Política, ya que, adviritó Cuevas Rosete, estas son condiciones que contribuyen “al respeto total de los derechos de las mujeres en México, entre ellos los sexuales y reproductivos”.

Publicada em: 23/03/2011

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