Pese a que entre 1931 y 1989 el aborto terapéutico fue legal en Chile, en la actualidad la ley de ese país condena y penaliza el aborto sin excepción. La sola dificultad de poner en la agenda pública el debate acerca de la necesidad de legalizar esta práctica en situaciones donde la vida de la mujer corra peligro de malformaciones congénitas graves del feto evidencia el grado de bloqueo que existe sobre este tema.
La discusión del aborto es constantemente eludida por la sociedad chilena. No hubo avances al respecto durante el gobierno de la Concertación y menos cambios se esperan con el actual gobierno de derecha. El discurso conservador está presente en distintos ámbitos dificultando dar un debate amplio. Basta con recordar la negativa del Tribunal Constitucional, que en 2008 decretó que los consultorios del país no podían proveer anticoncepción de emergencia, pese a que los especialistas en el tema reconocían que el acceso a métodos anticonceptivos y a una educación sexual de calidad eran las herramientas más importantes para prevenir abortos.
Alejandro Guajardo y Myriam Jara, de la Asociación Chilena de Protección de la Familia – APROFA, autores del libro Aborto en Chile – Testimonios y Argumentos para su Despenalización en Situaciones Calificadas, asumieron el desafío de brindar elementos de reflexión para habilitar el debate sobre este tema rodeado de interdictos. Según los autores, el objetivo de la publicación es contribuir al reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre la continuidad de embarazos riesgosos, en situaciones en que peligra su salud y su vida, cuando la gestación es producto de una violación y en casos de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
Los profesionales plantean que la despenalización del aborto terapéutico constituye un derecho humano fundamental, el derecho a la vida, que preserva la integridad corporal y psíquica de las mujeres. El CLAM conversó con ellos para indagar sobre posibles vías de inclusión de este tema en el Parlamento.
Se habla de “aborto por razones de salud”, “aborto en situaciones calificadas”, “aborto por indicación médica” y “aborto terapéutico”. ¿A qué corresponden estas diferentes denominaciones?
Estos conceptos tienen diferentes significados, de acuerdo con los contextos en que se utilicen y la perspectiva que se reivindique.
Cuando se habla de “aborto por razones de salud” se busca emplear un concepto amplio que considere tanto las consecuencias en la salud psicológica como las consecuencias físicas que pueda tener un embarazo.
El “aborto por indicación médica” se efectúa en la mayoría de países en que existen leyes sobre aborto terapéutico, cuando se está hablando de situaciones en que se pone en peligro la vida de la mujer.
APROFA por su parte incluye en el concepto de “aborto terapéutico” aquellas situaciones en que ha existido violación y cuando el nacimiento del feto no es viable. En este contexto el libro habla de “situaciones calificadas”.
¿Cómo explican que en Chile no se haya logrado iniciar una discusión sobre el aborto? ¿Cuál creen que es el mejor camino para incluir este tema?
La imposibilidad para que se inicie un debate en torno al aborto en Chile está relacionada con la construcción discursiva que han realizado las instituciones vinculadas a los sectores conservadores y de la Iglesia Católica, desarrollando campañas que parten de la idea de que un aborto es el asesinato de una vida. De esta manera han convertido al aborto en un tema tabú, lo que ha permeado las discusiones tanto del ámbito público como legal.
Creemos que una vía para abrir la discusión es empezar a hablar sobre el aborto terapéutico, es decir, en aquellas circunstancias en que se pone en riesgo la vida de la mujer, cuando hay inviabilidad del feto y en casos de violación.
De 1931 a 1989 el aborto terapéutico fue una práctica legal, realizada bajo ciertas circunstancias. Según esta investigación, ¿cuáles son los principales obstáculos para iniciar una discusión que permita legislar sobre el aborto en situaciones calificadas?
Existen varios obstáculos que han impedido la discusión para legislar sobre el tema. El poder que tienen en nuestro país los sectores conservadores en alianza con la Iglesia Católica ha sido uno de los principales. Estos grupos no titubean en usar su poder económico y político para imponer sus valores y creencias a toda la sociedad. Las propuestas que han llevado algunos políticos al Congreso han sido archivadas, sin que se pudieran siquiera discutir.
En este sentido, la Iglesia Católica ha tenido un papel fundamental para que el aborto no sea discutido en nuestro país. Pese a que tenemos un Estado laico, ha existido una injerencia de esta institución en temas que tienen que ver con el comportamiento de hombres y mujeres, en especial con aquéllos que se vinculan con la salud sexual y reproductiva de la población. Esto se traduce en una imposición de sus creencias ético-morales en las políticas públicas. Hoy su poder es más fuerte y creemos que existirá menos voluntad política para enfrentar este y otros temas, ya que desde marzo gobierna una coalición de derecha en nuestro país.
En su libro esbozan diferentes perspectivas para abordar el aborto: la perspectiva psicosocial, la del derecho, del ámbito médico, de las consideraciones bioéticas y una mirada religiosa. ¿Cuáles creen que son los abordajes que podrían contribuir a la apertura del debate?
Creemos que los argumentos que tienen mayor peso para iniciar un debate sobre este tema se vinculan con una perspectiva médica, así como con la perspectiva de los derechos, específicamente los derechos sexuales y reproductivos.
Con respecto al ámbito médico, estos argumentos se dan en tres casos: cuando se pone en riesgo la vida de las mujeres; las situaciones en que el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y aquellos en que el embarazo es producto de una violación.
En el ámbito de los derechos se puede afirmar que el hecho de que en Chile no exista una ley que permita el aborto, aunque sea con restricciones, viola el derecho fundamental a la vida, en lo que atañe a la preservación de la integridad corporal y psíquica de las mujeres.
Junto a esto, se violan una serie de convenciones y tratados internacionales sobre la salud de las mujeres que ha firmado nuestro país, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Estos argumentos nos parecen mínimos pero suficientes para iniciar una discusión sobre el tema y permitir impulsar acciones desde la sociedad civil que abra la discusión en el Parlamento.
