Angélica Bernal es politóloga, Magíster en Estudios Políticos y feminista. Su trabajo de investigación se ha centrado en la cuestión de la participación política de las mujeres. En entrevista con el CLAM explicó algunos puntos referentes a la inclusión de las mujeres en el Congreso colombiano y al debate sobre acción afirmativa para las mujeres en el marco de la reforma política aprobada en junio de este año.
El reciente proceso de reforma política tuvo un debate complejo en relación con las acciones afirmativas para las mujeres en los partidos políticos, ¿Puede comentarnos ese debate?
Desde el año 2006 un grupo de parlamentarias liderada por la senadora Dilian Francisca Toro, en ese entonces presidenta del Senado, se reunió para conformar la bancada de mujeres en el Congreso con el fin de trabajar sobre asuntos de género. Aunque en otros países existe esta figura multipartidaria, en Colombia la iniciativa fue novedosa.
El grupo se centró fundamentalmente en dos temas: la violencia contra las mujeres y la participación política de éstas, ambos básicos para los movimientos de mujeres y feministas en Colombia.
En relación con el segundo tema de interés, durante el reciente proceso de reforma política la bancada quiso incluir un artículo estableciendo que ningún partido podía inscribir una lista que tuviera más del 70% de un mismo sexo, es decir, que ninguno de los sexos podía tener menos del 30% en una lista electoral. Esta fórmula de cuotas para las mujeres conocida internacionalmente permitía mayores posibilidades a las mujeres de ser incluidas en procesos eleccionarios.
La bancada de mujeres no actuó como bloque en defensa del artículo propuesto, porque en general la reforma política estaba en medio de un debate delicado y el texto completo era muy problemático.
Por qué era delicado el contexto sociopolítico en que surgió la reforma colombiana y la discusión sobre las acciones afirmativas para las mujeres en los partidos y poder legislativo?
La reforma comenzó a ser tramitada en el Congreso en 2008 en un contexto polarizado, como respuesta del gobierno del actual presidente de la República, Álvaro Uribe, al escándalo de la parapolítica, en el cual un porcentaje importante de parlamentarios fue acusado de poseer vínculos con grupos paramilitares. El debate llegó a un punto en el que los partidos de oposición, de manera particular, no consideraban a esta reforma como legítima. Ésta no sólo reducía espacio a la democracia, sino que, en lugar de cerrar espacios políticos a mafias y a grupos de interés económico ligados al narcotráfico y a los paramilitares, de cierta manera legitimaba y daba oportunidades a ese tipo de participación política. Frente a ese panorama, el movimiento de mujeres estaba lejos de ser partidario de una reforma así, por más que trajera algo en favor de las mujeres. Era un contexto indefendible y éticamente muy complicado.
¿Cuáles fueron los argumentos de oposición a esa iniciativa?
El artículo mencionado no pasó y lo interesante del proceso fueron los argumentos de algunos representantes utilizados para oponerse. Hubo opositores de todos los partidos con tres argumentos centrales. En primer lugar, algunos consideraron que no había una necesidad de implementar esa acción afirmativa, dados los antecedentes de mujeres que ya formaron parte de los cuerpos colegiados del Estado. En segundo lugar argumentaron que ese tipo de medidas era un atentado al principio de igualdad. Finalmente, hubo quienes expusieron su preocupación de cumplir con una norma como esa, dado que no había mujeres en la política con capacidad: “¿de donde vamos a sacarlas?”.
Sobre el primer asunto, la cuestión no se centra en el hecho de que una mujer llegue o no a estos espacios; debemos considerar que no están abiertos para las mujeres como colectivo. Es importante tener en cuenta que las mujeres nunca fueron representativas en el Congreso: en ningún momento de la historia hemos tenido más del 13% del Senado ni más del 11% en la Cámara de Representantes. Además, muchas de las mujeres que llegan al poder pertenecen a elites económicas y políticas.
El segundo argumento demuestra que los políticos no han entendido la lógica de las acciones afirmativas como medidas temporales que nos permiten establecer condiciones de igualdad entre grupos que históricamente no lo han sido, en este caso entre hombres y mujeres. Finalmente, sobre el tercero cabe decir que hay bastantes mujeres trabajando en la organización de los partidos y haciendo carrera política, pero no forman parte de las elites que finalmente encabezan las listas en las elecciones.
El rechazo al tema no es una sorpresa. Esos argumentos son representativos de lo que piensa la clase política cuando hablamos de grupos excluidos en la participación política. Al colocar en debate el tema de las acciones afirmativas, estamos diciendo que es necesario otro reparto del ejercicio del poder, cuestión muy complicada de aceptar para quienes lo detentan. En la lógica de género, eso consistiría en la salida de hombres y el ingreso de mujeres en esos espacios para poder equilibrar. Pero los que tienen el poder no van dejar tan fácilmente los espacios a las mujeres.
En todo caso, los cambios necesarios para que haya más mujeres en política no son sólo institucionales y legales, son también culturales y sociales.
Las mujeres en el Congreso han liderado temas muy importantes de la agenda feminista como el aborto o el de las minorías sexuales, pero también han participado de la oposición a éstos, encarnando la defensa de la familia y del orden de género. Por eso vale la pena preguntar ¿Considera suficiente que las mujeres estén en esos espacios?
Que más mujeres estén en esos espacios es básico e importante. Sin embargo, la cuestión no es que haya más mujeres repitiendo el mismo estilo de política que se ha hecho siempre. Si se ha criticado la política como algo patriarcal y que excluye a las mujeres de manera evidente, entonces creo que si entran más mujeres la política debería cambiar. De hecho ha cambiado y se han incorporado temas en la agenda que antes eran invisibles: gracias a las mujeres se habla de violencia intrafamiliar en el Congreso y del reconocimiento a las educadoras comunitarias, por ejemplo. De todos modos, no comparto la idea esencialista que considera a las mujeres como buenas de antemano o que van a ‘limpiar’ la política, pero pienso que una entrada mayor de mujeres en el poder representa un cambio en el quehacer político.
Creo que es equivocado pensar que todas las mujeres somos iguales. La feminista española Celia Amorós dice que el patriarcado nos hace creer que somos idénticas, que pensamos lo mismo, que tenemos los mismos intereses. Es una trampa porque la realidad nos hace caer en cuenta que somos diferentes, desiguales y eso determina la diversidad de posturas ideológicas y políticas entre nosotras.
Si me preguntan entonces qué pienso yo de esas mujeres que son cabeza visible de la derecha y si es deseable que estén en los espacios políticos, yo digo que sí. Porque ellas también son mujeres, a pesar de que yo no esté de acuerdo con sus ideas. Ellas también son ciudadanas, como lo soy yo, están en su derecho de competir en el ejercicio del poder con las reglas democráticas y si son elegidas tienen el derecho de ejercer sus cargos. Entonces, yo creo que lo primero es reconocer que las mujeres estamos en todo el espectro ideológico; unas son de derecha otras de izquierda, algunas poquísimas son feministas. En ese sentido reconocer esa diversidad nos hace caer en cuenta de algo que es fundamental a la hora de pensar estos debates: no todas las mujeres somos demócratas.
Evidentemente, hay muchas de esas mujeres en el poder que no quieren ser identificadas como feministas –es un estigma que les puede restar votos. Creo que tienen mucha más visibilidad y presencia esas mujeres con posturas tan radicales en defensa de la familia en contra del aborto y los derechos de las parejas del mismo sexo. Esas mujeres conservadoras son la reserva moral de la sociedad y ejerciendo ese papel hacen carreras relativamente exitosas. Aquellas que pelean por ampliar los derechos humanos y ofrecer garantías para grupos excluidos son menos populares.
Cabe resaltar que algunas de ellas al ser elegidas pueden estar interesadas en temas de género, sobre todo porque se dan cuenta de las dificultades que tienen como mujeres de ser escuchadas: se dan cuenta que ser una mujer haciendo política es diferente y que tienen que ser el doble de buenas y de juiciosas para destacarse.
Hubo también un artículo rechazado que tenía por objetivo incentivar a los partidos políticos a propiciar la participación pluralista, la diversidad y la equidad de género. Pienso que es una tendencia en varios países y una intención de incluir todos los temas posibles, todas las poblaciones, lo cual está bien, pero a veces no se sabe cómo operativizarlo o si parten de un deseo legítimo de inclusión y de cambio social.
Esas propuestas deberían ser legítimas en sí mismas. Explico mi posición: yo pienso que un artículo como ese queda descolocado, es decir sin un contexto social que lo defienda y que haga que eso se cumpla y que sea parte de nuestro pacto social. Es por eso que pienso que esta sociedad necesita experimentar cambios por vías distintas a lo legal. Muchos de los cambios de las mentalidades no se han dado por medio de las leyes. Creo más en los cambios culturales a través de movimientos sociales y culturales que tratan de crear condiciones para que una ley fluya, porque forma parte de un sentir más generalizado.
Esa sería una forma ideal. A nivel práctico sí es importante tender puentes más concretos entre movimientos sociales, organizaciones colectivas y esos representantes políticos. De alguna manera, son ellos quienes toman las decisiones. Esos puentes nos permitirían ejercer la representación política con más coherencia. En teoría quien recibe el mandato de un cargo público debe dar cuentas a quiénes lo eligieron y ser retroalimentado, pero la política no funciona así.
Tenemos una Ley de cuotas desde el año 2000 ¿por qué el tema de los cargos de elección popular no fue incluido?
Es un rechazo profundo contra las cuotas para las mujeres. El hecho de que nuestra Cámara de Representantes se elija por regiones es una forma de cuota, pero nadie la cuestiona porque es una diferencia más legítima.
En el proyecto original de la ley de cuotas para mujeres sí había una parte sobre cargos de elección popular, pero en el proceso de aprobación quedó fuera. La Corte Constitucional además dijo que no era posible legislar sobre ese punto porque la Constitución explicita que la organización interna de los partidos es autónoma. Entonces la ley de cuotas se limita a exigir un 30% de mujeres en todos los cargos de libre nombramiento y remoción pertenecientes al máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios en los órdenes Nacional, Departamental, Distrital y Municipal. El problema es que, al igual que con las leyes de cuotas, el piso se vuelve un techo: se trata de cumplir con el 30%, asumiéndolo no como el mínimo sino como un máximo. Además, a veces ni se cumple, aunque hay gobiernos locales que sí incluso llegan a la paridad.
En esta legislatura hay menos mujeres ¿A qué se debe este cambio?
En el 2003 hubo una reforma política, orientada a frenar un fenómeno impulsado por la Constitución de 1991 que consistió en un incremento en el número de partidos, o por lo menos de etiquetas partidistas que muchas veces no eran sino agrupaciones para presentarse a elecciones y se volvían muy unipersonales. Pero también se daban otros procesos interesantes de disidencia y de pluralidad política, y esa reforma incrementó las barreras de acceso a la repartición de curules [escaños] en los cuerpos colegiales, o sea en los concejos municipales, las asambleas departamentales y el congreso. Se implementaron varias medidas como subir el umbral mínimo de votos para competir, cambiar el sistema de conteo de votos, prescribir una lista única por partido, entre otros cambios, que de alguna manera estimulaban a los partidos grandes en detrimento de los partidos pequeños. La cuestión es que se reforzaron las barreras de acceso a colectivos sociales ya excluidos, y se obligó a los que habían hecho grupos independientes a volver a los partidos tradicionales.
Actualmente, las mujeres representan el 9% en la Cámara de Representantes y el 10% del Senado. Mi hipótesis es que varias de las reformas políticas implementadas tienen medidas que entorpecen la participación de las mujeres. El diseño de esas reformas está hecho con una intención democrática, pero la democracia ha funcionado antes sin las mujeres ¿por qué no iba hacerlo ahora?
