Bonnie Shepard, reconocida investigadora y experta en salud reproductiva, entre 1992 y 1998 se desempeñó como oficial de programa de la Fundación Ford en Chile, en el área de salud sexual y reproductiva. Su trabajo en este campo desde 1981 nació como colaboración con el movimiento de mujeres en América Latina y las organizaciones dedicadas a la salud reproductiva. Esa labor se vio consagrada en su libro The Double Discourse on Sexual and Reproductive Rights in Latin America: The Chasm between Public Policy and Private Actions, publicado por Routledge en 2005, que ahora ve la luz en castellano como Salud Sexual y Reproductiva: una carrera de obstáculos, publicado por FLACSO CHILE. El libro consiste de cuatro estudios, dos sobre advocacy (promoción y defensa de derechos) y dos sobre programas innovadores en Perú y Chile. Durante su estadía en el país, Bonnie conversó con CLAM sobre la realidad de los diferentes países de América Latina respecto de sus derechos sexuales y reproductivos.
¿Cuáles son a su juicio los principales avances y retrocesos respecto de la salud reproductiva en América Latina?
En algunos países de la región ha habido retrocesos enormes con respecto al acceso al aborto seguro, como es el caso de Nicaragua y El Salvador; pero también contamos con avances, como en México particularmente. Allí hubo mayor apoyo financiero hacia la sociedad civil lo que permitió que diferentes ONGs desarrollaran movilizaciones que generaron una base de apoyo ciudadano para promover importantes cambios. Comparado con otras regiones, los países de América Latina, incluyendo a Chile, están más avanzados en cuanto a la ratificación y adhesión a los tratados internacionales de derechos humanos y a los valores de justicia social y equidad de género. En general, las Constituciones aquí adhieren a los valores de las democracias modernas como el respeto a la diversidad de opinión y creencias morales y religiosas.
Espero que estos valores se hagan realidad y lo que se dice corresponda con lo que se hace, para que no se confunda más el ámbito de la salud pública con los preceptos religiosos conservadores. Porque lo que caracteriza a la región son las presiones -muy directas- de la jerarquía católica sobre los políticos, lo que impide avanzar más en estos temas. El costo político de pronunciarse en contra de la iglesia católica y otras iglesias conservadoras es muy alto. Los políticos pueden tener opiniones privadas acorde con los derechos reproductivos pero, a la hora de pronunciarse públicamente, no lo dicen. Saben que las iglesias pueden entrar en campaña e incluso incentivar a sus fieles para que no voten por tal o cual candidato. Cuando las iglesias entran en campaña, cuentan con una red de base extensa, que ni el gobierno ni las organizaciones de la sociedad civil pueden igualar.
Ha habido avances en las políticas y programas para enfrentar la violencia contra las mujeres, debido a años de movilización de organizaciones de mujeres, a las conferencias y convenciones de los años 90. Entonces hoy muchos gobiernos de América Latina tienen leyes y programas para combatir esta violencia. Es importante reconocer que la iglesia católica ha utilizado su influencia para avanzar en el problema de la violencia contra la mujer y la violencia sexual. El gran reto, sin embargo, es la implementación de esas políticas, que son bastante progresistas: destinar el presupuesto suficiente para realmente prevenir la violencia por medio de programas de educación y de las comunicaciones; apoyar a las víctimas y involucrar a los transgresores en programas que trabajen con ellos para prevenir agresiones en el futuro -aunque se necesitan más evaluaciones para identificar los que son eficaces. Tampoco se puede olvidar el cambio sociocultural necesario para lograr la prevención, que requiere apoyo del Estado cuyo deber es proteger los derechos humanos de las mujeres.
¿Qué tan fuerte ha sido la influencia de la Iglesia católica?
Las influencias no se limitan a la iglesia católica; son también algunas iglesias evangélicas y organizaciones de la llamada “derecha religiosa”, que han recibido importantes apoyos del gobierno de los Estados Unidos y otras agencias donantes conservadoras. Durante la llamada "Era Bush" se implementaron los llamados “programas de abstinencia para adolescentes” que fueron y son muy dañinos. Por cierto, habrá un cambio grande de políticas con Obama, pero a algunos programas aún les quedan 2 años de financiamiento y sus financistas tienen regulaciones estrictas para entregar los fondos. La lógica de los programas cuyo foco es la abstinencia excluye la entrega de información favorable sobre anticoncepción y sobre la eficacia del condón como medio para prevenir el sida. Su meta es desincentivar el uso de la anticoncepción, lo que pone a los y las adolescentes activas sexualmente en mayor riesgo y viola sus derechos humanos, dejándolos sin recursos e información adecuada y con la idea de que “como la anticoncepción no va a resultar de todas maneras, para qué usarla”.
Se ha comprobado, a través de evaluaciones muy rigurosas, que los adolescentes sexualmente activos que pasan por esos programas de abstinencia están en mayor riesgo que los que no recibieron ningún tipo de educación. La situación es muy grave porque están implementando estos programas en África, donde la tasa de sida es altísima y en algunos países donde más de la mitad de las infecciones se produce entre los jóvenes. Es un crimen.
¿Cuál es en Chile el “doble discurso” respecto de políticas de control de la sexualidad y salud reproductiva, en comparación con el resto de la región?
Creo que este sistema de doble discurso es más fuerte en Chile que en la mayoría de los demás países latinoamericanos. Brasil, por ejemplo, es el país en la región que más se ha abierto al respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. El caso de México es interesante por su fuerte tradición laica que viene desde la época de la Revolución Mexicana. Claro que ha habido retrocesos con los gobiernos conservadores y de hecho hay barreras, pero a pesar de eso la tradición mexicana favorece más el reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales.
En los países andinos es difícil este tema, pero en Chile es más difícil aún. Las presiones directas de la iglesia suceden en el ámbito privado de conversaciones con los parlamentarios y legisladores, ministros/as, el o la presidenta. Un ejemplo muy claro fue lo que pasó en el año 1995 con las JOCAS (Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad) que implementó el Ministerio de Educación. Hubo una gran controversia a partir del contenido de la producción artística de las y los estudiantes en este tema, cuando fue publicado por uno de los diarios de mayor circulación nacional. Finalmente se eliminó el presupuesto para las JOCAS, a pesar de que el programa se encontraba en pleno auge de su popularidad.
¿Qué otros obstáculos a los derechos reproductivos ha encontrado en Chile?
Aparte de la presión de autoridades religiosas, que ya he mencionado, otro obstáculo importante es la tendencia de los medios de comunicación a dar mucha más cobertura a los/las portavoces conservadores que a las/los que promueven los derechos reproductivos. Por ejemplo, cuando un político defiende una ley de aborto terapéutico porque cree que es fundamental respetar los derechos de la mujer y salvaguardar sus vidas, los medios lo llaman “pro-abortista”. Hay un uso muy manipulador del lenguaje, donde el discurso por los derechos reproductivos queda deslegitimado, quedando restringido sólo al ámbito privado.
En la medida en que va visibilizándose y personas con influencia hablan públicamente de él, deja de ser tabú. Al pasar de lo privado a lo público, los medios masivos exponen estas voces y aumenta la legitimidad de un discurso que siempre fue escondido por los costos políticos. Esto sí influye en los grupos políticos y ayuda mucho a las iniciativas de lobby. En las estrategias de advocacy, cambiar el discurso público es clave.
Finalmente, creo que la precaria situación financiera de muchas organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo las organizaciones de mujeres, debilita el movimiento por los derechos reproductivos, transformándose en otro obstáculo para promover estos derechos.
¿Y cómo ve Ud. el caso del aborto en Chile?
Aunque entiendo las razones por las cuales la campaña actual busca restaurar el “aborto terapéutico” en Chile, es sumamente importante que se reconozca públicamente que representa una demanda mínima que no resuelve el problema de fondo. Las últimas cifras a las que tuve acceso, de 2001, estiman alrededor de 122 mil abortos cada año en Chile, cifra basada en los más de 24 mil abortos en que las mujeres tuvieron complicaciones y aparecieron en las estadísticas de egresos hospitalarios. Es decir, aproximadamente un 30% de todos los embarazos en Chile terminan en un aborto, a pesar de las leyes que los prohíben en todos los casos y de todas las barreras existentes. Obviamente, la gran mayoría de estos abortos no caen en las excepciones del “aborto terapéutico”.
Lo cierto es que cuando una mujer está convencida de que no tiene condiciones de ser madre dadas sus circunstancias personales, ella moverá montañas para terminar el embarazo. Cuando tiene pocos recursos, su desesperación muchas veces termina en muerte u otras secuelas médicas que quedan para toda la vida. Todas conocemos familias que han tenido hijos no planeados, que son hijos felices y queridos, pero son muchas las mujeres que fueron forzadas a parir a un hijo no querido y que no tenían condiciones de criarlo y amarlo adecuadamente. Sus sentimientos son tan estigmatizados que no hablan; pero los hijos sufren las consecuencias de su resentimiento y de las condiciones no favorables en que se crían. El rechazo de tantas mujeres de una maternidad forzada lleva a los abortos “no terapéuticos” que la oposición política chilena –con mucho desprecio por la dignidad y el juicio de las mujeres– llama “de conveniencia” cómo si todas las que nos encontramos en esta situación fuéramos personas frívolas y sin moral.
Mi discurso tal vez suene demasiado radical en un país donde el Tribunal Constitucional ha decretado que las clínicas públicas no pueden proveer siquiera anticoncepción de emergencia –una de las herramientas más importantes para prevenir los abortos, en un país donde los y las jóvenes de escasos recursos tienen poco acceso a medios anticonceptivos y a una educación en sexualidad veraz y científica.
Las leyes que prohíben los abortos obviamente no previenen abortos; sólo causan tragedias, enfermedad y muerte. Todos nosotros, que amamos la vida y respetamos los derechos humanos, sabemos que son otros los caminos de la prevención. Las leyes y regulaciones en temas de salud y los programas de salud pública no deben ni pueden servir sólo como señales de aprobación o desaprobación moral, pero es así. Las leyes que prohíben el aborto son sólo pronunciamientos morales, porque son totalmente ineficaces.
Si la oposición al aborto en este país fuera seria, promovería las políticas de países europeos occidentales que tienen las tasas más bajas de abortos en el mundo. Toda persona que seriamente desee reducir las tasas de aborto en Chile debe promover que el aborto sea 100% legalizado y que los esfuerzos del Estado y la sociedad se enfoquen con mucha más fuerza y presupuesto en políticas y programas adecuados para poner la anticoncepción al alcance de toda la población, sin discriminación por edad o clase social.
