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Chile
Chile: sexualidad y derechos
Fue publicado en Chile el libro Chile: Panorama de sexualidad y derechos humanos en América Latina, de los autores Claudia Dides, Arturo Márquez, Alejandro Guajardo y Lidia Casas. Este volumen, resultado de una investigación promovida por el CLAM en Argentina, Brasil, Chile y Colombia, “pone al día la situación de los derechos en el ámbito de la sexualidad y sus consecuencias en [ese] país, haciendo visibles los desafíos pendientes, en un escenario altamente complejo, que revela hasta qué punto los cuerpos y las sexualidades son un terreno de disputa ideológica y política”, señala Teresa Valdés en su introducción. Este estudio es resultado de una línea de investigación impulsada por el CLAM, con el propósito de establecer la situación de los derechos relativos a la sexualidad, con una mirada que integre los cambios que se han producido en la legislación, jurisprudencia, normativas y reglamentos, así como en las políticas públicas, con una perspectiva comparativa regional. La publicación de este trabajo ocupa un vacío importante en el marco de la lucha por la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos y por la equidad de género en el Chile. En diálogo con equipos de investigadores convocados por el CLAM para colaborar con esta investigación en instituciones académicas de Argentina, Brasil, Colombia, y también de México, los autores chilenos en este documento analizan datos relativos a legislación, jurisprudencia, políticas públicas y movimientos sociales en temáticas como la reproducción, la diversidad sexual y la violencia de género, entre otras. Entrevista con los autores ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de la investigación acerca de la evolución de los derechos y políticas sexuales en Chile durante el período comprendido en la investigación? Claudia Dides: Como en toda investigación, existen diferentes tipos de conclusiones, algunas de carácter más general y otras de carácter más temático. Sin duda una de las que se reafirma con otras investigaciones desarrolladas por lo autores y autoras es el enfrentamiento político e ideológico que ha concitado históricamente los ámbitos de la sexualidad y la reproducción. Ya en la década de los 60 tenemos uno de los indicios de esta disputa a partir de la incorporación de la planificación familiar en nuestro país, cuyo objetivo principal fue bajar las tasas de mortalidad por aborto que sufrían las mujeres chilenas. También hemos constatado cómo en estos últimos 20 años la sexualidad y la reproducción aparecen en el debate político e ideológico. Esto ha significado para las instituciones de la sociedad civil, en alianza con algunos ministerios, un desarrollo en el marco de los acuerdos internaciones firmados por el Estado chileno. En Chile se ha avanzado fundamentalmente en tres grandes temáticas: el VIH/sida, la regulación de la fertilidad y la violencia de género, aunque en el campo de las políticas públicas podamos encontrar déficits en cada una de ellas. Respecto a la diversidad sexual, los avances han sido en distintos ámbitos. Por ejemplo se han derogado leyes que iban en contra de sus derechos fundamentales. Sin embargo aún estamos a la espera de políticas públicas más inclusivas y de un proyecto de ley de no discriminación. Otro caso paradigmático es el tema del aborto. Chile aún no cuenta ni siquiera con una legislación sobre aborto terapéutico. Otro gran déficit es que, a pesar de los distintos intentos que se han desarrollado en el marco de la educación sexual, aún no contamos con una ley ni con políticas claras al respecto. Faltan también estudios y análisis sobre comercio sexual y explotación infantil.
Arturo Márquez: Esta investigación permitió darnos cuenta de que los procesos de legalización, los derechos y políticas sexuales en Chile están tremendamente teñidos de disposiciones moralizadoras que eluden la evidencia científica, las investigaciones y un contexto mundial en el que se tiende cada vez más a la integridad y protección de los derechos de las personas. Creo, además, que sistematizar la situación jurídica y de políticas públicas relativas a la sexualidad y los derechos humanos en el escenario chileno actual, como lo hizo esta investigación, es de vital importancia, ya que genera un instrumento de consulta-acción al que las organizaciones y los espacios de investigación pueden acudir. A su vez, este esfuerzo es importante debido a la oscuridad en la que se encuentran los temas que involucran a sexualidad y derechos humanos. Por desgracia, en nuestro país los temas de sexualidad están siendo cosificados y regularizados por un régimen televisivo con un abordaje estereotipado, rígido y poco crítico. Alejandro Guajardo: A través de esta investigación pudimos identificar que la lucha por incorporar la educación sexual y la prevención a los y las adolescentes y jóvenes de nuestro país en las mallas curriculares se ha visto abortada tanto por los gobiernos locales, que son quienes deciden las temáticas educativas impartidas en cada municipalidad, como por los dueños de los establecimientos escolares, que pueden dirimir respecto de la educación de su alumnado. Una deuda histórica por parte del Ministerio de Salud es poder tranversalizar la educación sexual y que ésta no esté teñida de ideología o sujeta al imperio de ghettos religiosos. Lidia Casas: Uno podría decir que en lo discursivo hay avances, se discuten temas sobre diversidad sexual y su reconocimiento a nivel legal, como las uniones civiles de parejas del mismo sexo. No obstante, la existencia de voluntad política en un sector no significa que haya avances en los espacios y procesos de deliberación política, pues los proyectos quedan suspendidos o no se avanza en su discusión o tramitación. Una manifestación de ello son los proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos, e incluso aquellos sobre discriminación que implican el reconocimiento, respeto y garantía de las minorías sexuales. Hay avances en cuanto a la búsqueda de una respuesta más integral a la violencia contra la mujer, pero ello nuevamente no significa que las políticas públicas estén completas y suficientemente implementadas para dar curso a los postulados. En otras áreas también hay paradojas: el dictado de las Normas Nacionales de Regulación de la Fecundidad, en 2006, es una de ellas. Esas Normas habían estado en el limbo político por muchos años bajo la administración del Presidente Lagos. Es un reconocimiento que, a nivel de los tribunales ordinarios de justicia, la Corte de Apelaciones estableciera que las adolescentes que se atienden en el sistema público de salud tienen el derecho a obtener la píldora del día después, sin requerir el consentimiento de los padres. La Corte argumenta que se trata de satisfacer el derecho a la igualdad de todas las adolescentes chilenas. Lo paradójico, es que al mismo tiempo que esto sucedía se gestaba uno de los más importantes retrocesos en el Tribunal Constitucional, que se cristalizaría en abril de este año, con la prohibición de la entrega, consejería y prescripción de píldora del día después en el sistema público de salud. Esta decisión es, además, un intento de paralizar una discusión sustantiva sobre el aborto en Chile. Claudia Dides, coordinadora de la investigación y autora del libro “Voces de emergencia”, que analiza los debates en torno al uso de la anticoncepción emergencia en Chile, se refirió a los cambios que se han producido en las políticas de regulación de la fertilidad desde el momento de la investigación del libro, atendiendo a las reacciones y movilización frente al fallo negativo del Tribunal Constitucional sobre la distribución gratuita de la anticoncepción de emergencia en consultorios públicos de salud. Ha habido cambios. El principal de ellos es la nueva Normativa Nacional de Regulación de la Fertilidad, donde trabajamos un grupo de instituciones. Esta Normativa tiene por objetivo incorporar las nuevas tecnologías en la materia, lograr los objetivos sanitarios para la década –en particular la disminución de la mortalidad materna mediante la reducción de embarazos no deseados y de alto riesgo. También se propone disminuir y evitar las inequidades existentes en salud sexual y reproductiva en el país y responder a las necesidades de mujeres y hombres de todas las edades. En este sentido es un gran avance, puesto que las normativas se ponen a la altura de los tratados, convenios y plataformas de acción que el Estado chileno ha firmado y con los que se ha comprometido. El fallo del Tribunal Constitucional tiene varias implicancias. Algunas de carácter más general se relacionan con las atribuciones de ese organismo en Chile, que genera tensiones con otras instituciones. En segundo lugar, el fallo tiene algunos aspectos positivos, como el no retiro del dispositivo intrauterino de los servicios públicos, dado que más del 50% de las mujeres que acuden a estos servicios lo usan. En tercer lugar, el reconocimiento de la confidencialidad de la información para los adolescentes y jóvenes corrobora los derechos fundamentales que se han ido incorporando paulatinamente en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. El aspecto negativo, como es sabido, está en la prohibición de la distribución y entrega de la anticoncepción de emergencia en los consultorios de atención primaria, cuestión que se relaciona estrechamente con la falta de equidad en el acceso a las nuevas tecnologías en materia de anticoncepción y la falta de acceso a los avances científicos reconocidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud). A su vez, ha significado que las personas se manifiesten contra esta decisión “medieval”. Las manifestaciones por parte de la ciudadanía, con diferentes formas de expresión, dan cuenta de la molestia profunda y preocupación por este tipo de medidas que afectan la convivencia en un país democrático. ¿Qué lugar considera que podría jugar el proyecto de Ley marco de Derechos Sexuales y Reproductivos en la superación de la situación creada? Hemos presentado una segunda versión del proyecto de Ley Marco de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Esto como consecuencia de varias situaciones: en primer lugar, ante el fallo del TC se hace imprescindible que la discusión se haga en el Parlamento; en segundo lugar, existía la necesidad de actualizar los diagnósticos en Salud Sexual y Reproductiva, para lo cual contamos con nuevas investigaciones, como la que con el CLAM y hoy estamos presentando; en tercer lugar, existía la necesidad de modificar ciertos artículos, dado que el primer proyecto se había presentado en octubre del 2000 y en ocho años se han producido cambios importantes en materia de salud sexual y reproductiva. Por último, el Estado chileno tiene una deuda: debe garantizar los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos como Derechos Humanos. Lidia Casas, abogada, investigadora que revisó los aspectos legales y normativos del estudio, quien litigó ante el Tribunal Constitucional a favor de las políticas de regulación de la fecundidad, se refirió a las áreas en que se debe perfeccionar la legislación y normativa actual en materia de sexualidad y derechos humanos en Chile: Lo que hay es una clara indefinición de la ley frente al sentido y alcance de la autonomía de las mujeres en su derecho a decidir. Quiero centrarme en un ejemplo que es tema de los adolescentes. En el caso de las Normas Nacionales de Regulación de Fecundad, uno podría sostener que lo que hace el Tribunal Constitucional es validar el derecho de los y las adolescentes a regular su fecundidad bajo normas de confidencialidad. Sin embargo, si bien a primera vista eso es parte de la decisión del Tribunal, así como que no hay marcha atrás respecto de la posición de los servicios para distribuir la píldora, a mí me parece que no existe claridad de parte del Tribunal sobre qué derechos está tratando de proteger. El fallo la Corte de Apelaciones de Santiago (octubre de 2006), que se refiere directamente a la entrega de métodos anticonceptivos y la “píldora del día después” a las jóvenes que se atienden en los consultorios del país, es distinto. Ahí la Corte dice que como hay ciertos anticonceptivos a los cuales los jóvenes pueden acceder libremente en el mercado, el Estado debe satisfacer en igualdad de condiciones a todos los habitantes de este país. Se plantea la discusión en un plano de igualdad. En cambio, el Tribunal Constitucional parece enunciar que hay algún tipo de derechos que las jóvenes tienen, pero no sabemos cuáles son, no sabemos si se está refiriendo al tema de la igualdad o si lo está diciendo porque quiere proteger la salud. No lo sabemos, sólo podemos especular. En el mundo político no se ha podido siquiera iniciar una conversación sobre temas del ámbito de la reproducción y la sexualidad; entonces, cuando el ejercicio es darle a los jueces la tarea de decidir estas temáticas, en algunos casos toman una posición mucho más clara, fundándose en principios amplios de no discriminación, y en otros casi hay que leer en subtítulos lo que quisieron decir. ¿Cuál es la importancia de sistematizar la situación jurídica y de políticas públicas relativas a la sexualidad y los derechos humanos en el escenario chileno actual? Cuando se hace una sistematización, le tomamos una foto al país. Uno puede establecer ciertas líneas de base para ver si hay avances o retrocesos. En algunas áreas se puede ver claramente que ha habido un mayor número de situaciones que, si bien se plasmaron de una determinada manera en el reglamento de una ley, esas manifestaciones normativas van adquiriendo forma definida en su aplicación concreta. Hay un ejemplo muy claro. Cuando se aprobó la Ley de Violencia Intrafamiliar, el cambio de la ley nos presentó situaciones muy distintas y de aplicaciones muy diversas. Tanto así que hoy jueces y fiscales han podido aplicar la Ley de Violencia Intrafamiliar a parejas del mismo sexo. Esto es un avance porque son actos oficiales que están dispuestos a ir más allá de lo que establece la propia ley. Como digo, la posibilidad de sistematizar es muy importante porque es una foto y uno puede ver cómo esa foto va cambiando en el tiempo. Si tuviéramos que escribir ahora un capítulo sobre la anticoncepción de emergencia, tendríamos que escribir sobre un gran retroceso. Arturo Márquez, psicólogo e investigador, realizó un balance sobre la normativa chilena relativa al comercio sexual y la discusión actual acerca de los derechos que se debería cautelar en ese campo: Hay ausencia de sistematización en la investigación y ésta es insuficiente. De ello se deriva la confección de una normativa que soslaya el dato científico y toma como referencia la moralidad imperante, con las claras limitaciones que esto implica. La población que participa del comercio sexual es diversa; no sólo en sus prácticas, sino que es afectada por una serie de problemáticas sociales, como las restricciones en el acceso a bienes de consumo, que en contrapartida se ve posibilitado por el ejercicio del comercio sexual. Las modalidades en las que se ejerce el comercio sexual deben ser investigadas para poder establecer parámetros concretos a partir de los cuales se pueda hacer propuestas. La legislación tiene que focalizarse en tres puntos que me parecen centrales. Uno de ellos es el acceso a la protección en salud sexual: el acceso a condones y a exámenes mensuales que aseguren realmente la salud sexual de quien ejerce el comercio sexual. Un segundo aspecto se vincula con la sensibilización de la policía, para que tenga un mejor trato con quienes ejercen el comercio sexual. Un tercero tiene que ver con los espacios privados en los que se ejerce el comercio sexual, donde en muchas oportunidades las y los trabajadores sexuales no tienen protección y pueden verse en peligro. Ahora, se debe plantear de manera sistemática un espacio en el que se reflexione sobre el comercio sexual (y sobre todos estos temas), que congregue a todos los actores implicados. Es necesario que los medios de comunicación difundan estos eventos y participen activamente generado una discusión que no se quede en los libros, sino que salga a luz pública y genere cierta polémica. También considero que las universidades y los centros de investigación no han profundizado los temas de sexualidad o bien, si lo han hecho, no ha sido desde una perspectiva cualitativa, que a mi juicio otorga la posibilidad de un acercamiento multidimensional. Alejandro Guajardo, sociólogo, investigador con experiencia en VIH/sida, se refirió a la situación actual de los derechos y las políticas en relación con ese tema: Las políticas públicas con relación al VIH/sida en el ámbito de la prevención primaria y secundaria en Chile han tenido avances progresivos en los últimos años, particularmente gracias al aporte del Fondo Global de la lucha contra el VIH/sida, la Malaria y la Tuberculosis (2003-2007). Dicho fondo permitió crear un acervo de investigaciones sobre la problemática del VIH/sida en distintas poblaciones, que permite conocer las vulnerabilidades de los pueblos originarios, las mujeres, los y las trabajadores/as, entre otras. Hoy en día el gobierno ha tomado en consideración la importancia de la prevención y de continuar la discusión sobre cuáles son las mejores estrategias preventivas frente a esta epidemia. Por otro lado, podemos identificar que los derechos de las PVVIH (personas que viven con VIH/sida) en Chile se encuentran resguardados bajo la Ley de Sida de 1979, y que esto ha sido resultado de la suma de esfuerzos de la sociedad civil, de las PVVIH y del gobierno. Esta es la ley de la ciudadanía que permitió poner en discusión la entrega de antirretrovirales y la realización de campañas masivas de prevención. Otros temas Sobre la viabilidad de que se legisle en Chile sobre el reconocimiento de las uniones consensuales, la unión civil y la despenalización del aborto terapéutico, Arturo Márquez señaló que “la viabilidad me parece baja, ya que no existe una voluntad política certera que se centre en estos temas. En la legislación, al igual que una serie de aspectos en Chile, se opera bajo la política del desastre, es decir, esperar que el daño esté hecho para improvisar una ley que carece de investigación y que en su aplicación resulta nula.” Finalmente, Alejandro Guajardo consideró que “la unión civil entre parejas del mismo sexo si bien puede garantizar la perpetuación de la familia, en tanto derecho de igualdad material, podría eventualmente perpetuar las relaciones de género hegemónicas. Con relación al aborto terapéutico, podemos identificar que la penalización guarda más relación con gestos políticos que con contenidos ‘valóricos’. Si se sacara la palabra ‘aborto’ y se instalara ‘mejorar la calidad de vida de las mujeres’ en el marco de los derechos reproductivos y sexuales, probablemente las barreras hacia la despenalización serían mucho menores. Ficha Catalográfica Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Brasil: CLAM, 2007. ISBN 978-956-7236-19-0 1. Sexualidad. 2. Derechos sexuales. 3. Ciencias Sociales. I. Título II. Serie. Publicada em: 01/07/2008 |