Pamela Eguiguren es Coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de la Reforma de Salud e integrante del Consejo Consultivo sobre salud de la mujer del Ministerio de Salud de Chile. En virtud del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer analiza la situación de las políticas de salud sexual y reproductiva de Chile, teniendo en cuenta el retroceso que significó el fallo del Tribunal Constitucional que suspendió la distribución de la píldora del día después en el sistema de salud pública.
Atendiendo a la demanda de legisladores de derecha contrarios a las Normas de Regulación de la Fertilidad, el Tribunal Constitucional de Chile suspendió la distribución de la píldora del día después en el sistema público. En este contexto, cuáles son las acciones que deberían realizarse en pro de la salud de la mujer, frente a un nuevo 28 de mayo?"
Si bien desde algunos sectores se escucha decir que el fallo del tribunal es producto de nuestra institucionalidad y que por este motivo debe ser respetado, las circunstancias y su contenido hacen que legítimamente éste deba ser cuestionado. Primero, (y sin ahondar en el origen antidemocrático de esta estructura) porque el Tribunal Constitucional parece haber omitido toda evidencia científica presentada por instituciones y personas expertas reconocidas a nivel nacional e internacional en la materia, incluso tergiversando la información para fundamentar su decisión. También porque su juicio se basa en una interpretación de nuestra ya poco democrática constitución, respecto de definiciones que no están contenidas en la constitución como es el significado a la protección de la vida. Finalmente, porque su fallo atenta contra la equidad en salud –consolidando la discriminación– y la igualdad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro derecho a ser respetados en nuestras convicciones morales y religiosas.
Por todo esto son necesarias acciones desde el sector público y la sociedad civil para revertir la situación. La estrategia que se está utilizando, basada en la determinación de los exactos alcances de este fallo, es identificar sus fisuras y establecer mecanismos alternativos para poner a disposición de toda mujer que lo necesite la anticoncepción de emergencia e informando sobre el método Yuzpe. También me parece fundamental informar, con la más amplia difusión posible, sobre quiénes son los y las actoras de este proceso que culmina con la negación de una política pública pensada para beneficiar a mujeres y hombres de nuestro país, quiénes han obstaculizado una política pública orientada a acortar brechas de desigualdad, aquellos que, en representación de la ciudadanía que los eligió, no vacilaron en emprender acciones que discriminan y que hacen que este 28 de mayo tengamos motivos para hablar de retrocesos en la salud de las mujeres en nuestro país.
Finalmente, esta institucionalidad no deseada del Tribunal Constitucional es otra señal de la necesidad de una nueva constitución. Como lo hiciera recientemente un conjunto de organizaciones académicas y de la sociedad civil en el III Seminario de Medicina Social en Valparaíso, en la Carta del Almendral, bregar por una Asamblea Constituyente.
¿Qué avances, barreras o retrocesos se evidencian en estos últimos años en la equidad de género en el sector salud?
En los últimos años debe considerarse un avance la incorporación de una mirada que pone el acento en la equidad, reconociendo la importancia de actuar sobre los determinantes sociales de la salud más que sobre las conductas y estilos de vida de las personas, entendiendo que son las condiciones estructurales las que determinan nuestra calidad de vida y nuestros resultados de salud. Ese cambio pone al Ministerio de Salud y a las políticas sanitarias en una posición más proactiva, menos expectante, más conciente de su responsabilidad. Es así como el género, reconocido como un determinante social, está hoy presente en la alta gestión de la salud pública, constituyendo sin duda un avance. También puede ser considerada un avance la creación de un espacio de participación de la sociedad civil en materia de equidad de género en salud, que aún con restricciones para ser una instancia más deliberante, es una experiencia importante. La gestación de una política integral de respuesta frente a la violencia contra las mujeres es otro logro, por más que sea más teoría que práctica.
Las barreras y retrocesos en la equidad de género en salud tienen su expresión más evidente en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. El no avance en la tramitación de la Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos y los últimos acontecimientos del Tribunal Constitucional son una muestra de las dificultades para conseguir avances sustantivos en esta materia. A pesar del excelente trabajo realizado con las Normas de Regulación de la Fertilidad, hemos retrocedido después del embate conservador. El aborto es la gran materia pendiente. La reposición del aborto terapéutico y la humanización de la atención de las mujeres que abortan son necesidades mínimas que no han sido abordadas en lo absoluto.
Es muy difícil resumir los avances y retrocesos en esta materia. Las políticas de protección social registradas en el último período son también avances en la equidad de género en salud pues la salud es expresión de lo que ocurre en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Obstáculos son aquellas decisiones políticas que consolidan un sistema que genera y profundiza desigualdades sociales.
