Mariana Romero es Médica, Magister en Ciencias en Salud Reproductiva y candidata al Doctorado en Medicina por la Universidad de Buenos Aires, UBA. Se desempeña como Investigadora Asociada del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). También forma parte de la iniciativa www.despenalizacion.org.ar e integra los consejos consultivos del International Consortium for Medical Abortion y del Consorcio Latinoamericano contra el aborto inseguro. En virtud de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer expone el panorama de la agenda de derechos sexuales y reproductivos de Argentina, especialmente las deudas pendientes en lo que respecta a la despenalización del aborto y al acceso a los métodos anticonceptivos.
¿Cuáles son las acciones que deberían realizarse en pro de la salud de la mujer?
En el campo de salud sexual y reproductiva habría que tomar acciones que garanticen que una mujer no se embarace si no lo desea y en el caso de que eso suceda, pueda interrumpirlo de forma segura. Para eso hay que garantizar el acceso amplio a toda la gama de métodos anticonceptivos; es decir sin ninguna restricción, discriminación basada en etnia, estado civil, situación de pareja, diferencia sexual, edad, condición social, etc. Es necesario que las mujeres puedan acceder a las distintas presentaciones de pastillas anticonceptivas, a los dispositivos intrauterinos, a la anticoncepción de emergencia, a la ligadura tubaria o que, eventualmente, sus parejas tengan la posibilidad de hacerse una vasectomía o utilicen condones cada vez que los precisen.
¿Quién debe garantizar el acceso a la anticoncepción en nuestro país?
Básicamente el Estado, que además, tiene que hacer un mayor esfuerzo para llegar a quienes no tienen las condiciones para ejercer ese derecho por otras vías. A una mujer que tiene cobertura social el Estado debe garantizarle que a través de esa cobertura pueda acceder a los anticonceptivos, pero si está cubierta por la salud pública entonces es el Estado el que debe brindarle esos servicios. Además, si una mujer decide interrumpir el embarazo debe tener la posibilidad de hacerlo de forma segura. Para eso tienen que respetarse, como mínimo, todas las condiciones por las cuales la interrupción del embarazo en un país está permitida, dando acceso a todas las mujeres bajo las mismas reglas, sin ningún tipo de discriminación o de barrera para ello.
Si no son las circunstancias que la ley garantiza, es necesario entonces arbitrar desde la sociedad civil condiciones que brinden mayor seguridad para la interrupción del embarazo. A su vez, hay que seguir sosteniendo la estrategia de lograr la despenalización y la legalización del aborto en la Argentina. La posibilidad de que la mujer acceda bajo las condiciones que marca la ley es el piso; que la sociedad civil trabaje para que esa mujer eventualmente acceda si no estaba bajo esas condiciones, también. Sin embargo el horizonte es la despenalización y la legalización del aborto para que no exista ninguna barrera.
¿Cuál es la deuda pendiente con las mujeres si persisten las condiciones actuales?
Más que el riesgo es la evidencia de lo que ocurre. En un país como la Argentina con indicadores socio económicos que están muy lejos de ser los peores de la región, hace 25 años que el aborto es la primer causa de muerte materna y no con una proporción despreciable: es un tercio de las muertes maternas. La persistencia de esa estructura de causas es la evidencia más fuerte de la deuda pendiente; la muerte es sólo la evidencia más dramática. Hay otras cosas que suceden, como el maltrato o la situación de vulnerabilidad de una mujer que accede a los servicios de salud, pero que eventualmente con suerte va a ver resuelto su problema, hasta la mujer que ingresa a un servicio con una morbilidad severa que pone en riesgo su salud y su vida. En ese espectro están las posibilidades de que esa mujer quede con secuelas. Pero además de las secuelas está el tema de la judicialización. Tener un proceso abierto es un problema para conseguir trabajo y para acceder a determinados programas sociales.
La idea de que el aborto es uno de los delitos más cometidos y menos perseguido, es cierta hasta un punto. Aunque parece haber mujeres encarceladas por aborto, en Uruguay, en el último mes y medio, probablemente por el debate alrededor de la ley, eso haya cambiado. En el caso específico de Argentina no hay mujeres encarceladas pero si hay mujeres procesadas y esa es una situación que hay que modificar definitivamente. Ante el interrogatorio médico muchas veces las mujeres revelan que una persona cercana la ayudó y el sistema inicia una causa a alguien que le acercó un medio seguro para que esa mujer interrumpiera el embarazo. La deuda pendiente también supone resolver estos temas: la culpabilización, denuncia, estigmatización, maltrato y las secuelas que pueden quedarle, ya que no es lo mismo interrumpir el embarazo en una situación donde la mujer se siente contenida, no expuesta y el tema se maneja privadamente. Eso sin duda es mejor que interrumpir el embarazo en condiciones de extrema vulnerabilidad.
