Mujeres, salud y Estado

Ana Cristina González fue, hasta 2004, Directora Nacional de Salud Pública en Colombia. Actualmente reside en Uruguay, desempeñándose como consultora internacional y para el Fondo de Población de las Naciones Unidas. A partir de la reciente decisión de la Corte Constitucional colombiana, en esta entrevista habla sobre el aborto y la evolución de la legislación y las políticas de acceso a la salud por parte de las mujeres, en una perspectiva regional.

¿Por qué es importante conmemorar el 28 de mayo como el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer?

Porque, lamentablemente, aún están vigentes las razones que dieron origen hace casi dos décadas, en 1987, a esta conmemoración: las diversas causas de enfermedad y muerte que enfrentan las mujeres. Causas que en buena medida expresan inequidad, desigualdad y la falta de garantía de condiciones para ejercer sus derechos. Podemos mencionar específicamente la mortalidad materna, el VIH/sida, la violencia contra las mujeres y los diversos cánceres de origen reproductivo.

¿Cuáles fueron los principales cambios con respecto a la atención de la salud de las mujeres en Colombia durante su gestión como Directora Nacional de Salud Pública?

En primer lugar se formuló, por primera vez desde el gobierno, la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que establece metas en todas las áreas prioritarias de la salud de las mujeres y expresa las obligaciones de todos los actores del sistema de salud al respecto. Así se intentó cambiar una situación de décadas, en la cual se había dejado toda la responsabilidad sobre una sola entidad privada. Adicionalmente, se formuló el plan de choque para la reducción de la mortalidad materna, como señal de que si no se logran cambios en este indicador (considerado centinela en Colombia), sería muy difícil reconocer problemas y comprometer a la sociedad en otras áreas afines. Pero no sólo se formularon políticas relativas a las mujeres y sus mayores necesidades como una contribución a la inequidad, sino que éstas se hicieron visibles en otras áreas, como la salud mental. Se lograron también avances en la gestión y la financiación de la salud pública en general, como una manera de impactar positivamente la salud de las mujeres desde la estructura misma del Estado.

La Corte Constitucional Colombiana falló la semana pasada por la despenalización del aborto en casos de violación o inseminación artificial no consentida, en casos de malformación fetal, o en caso de riesgo de vida para la madre a pesar de la fuerte oposición de la Iglesia Católica. ¿Esa decisión le causó alguna sorpresa o era algo ya esperado? ¿Los debates apuntaban en esa dirección?

Para complementar la pregunta debo decir que el fallo de la Corte incluyó no sólo los casos en que se trate de salvar la vida de la mujer (riesgo de vida para la madre), sino también de proteger la salud de las mujeres.

Aunque me sorprendí, porque toda decisión histórica causa sorpresa, era lo que el país entero, salvo la Iglesia, sentía que debía pasar. En primer lugar, una Corte como la colombiana no podía dejar de tomar una decisión desde la defensa de la laicidad del Estado, es decir sin dejar que la Iglesia interfiriera en su decisión. Segundo, fueron muchas las voces que expresaron que era injustificable que Colombia siguiera haciendo parte de los pocos países donde el aborto estaba totalmente penalizado. Se contó con la opinión de la prensa escrita más importante y las más connotadas plumas, con el apoyo del movimiento de mujeres, sus expresiones públicas y su trayectoria en la lucha por el derecho al aborto, con las figuras más destacadas de la política nacional como el Procurador General de la Nación y la Academia Nacional de Medicina.

¿Qué favoreció la decisión?

Una buena demanda con una excelente sustentación técnica y una estrategia de comunicación. En 30 años de lucha del movimiento de mujeres, en los cuales se ha investigado sobre el tema, se ha generando conocimiento e intentado cambios en el Congreso. Una sociedad deseosa de cambios y un tremendo apoyo del movimiento feminista internacional.

¿Cree que el sistema de salud podrá responder a la reglamentación?

Creo que si y que tal como ha dicho la Corte, le corresponde ahora al Ejecutivo expedir la reglamentación y crear todas las condiciones para garantizar el acceso seguro y oportuno de las mujeres al aborto en los casos en que se ha determinado la despenalización. Es una oportunidad para avanzar en las condiciones que garanticen el ejercicio de este derecho. Estoy convencida de que el Sistema tiene capacidad financiera para hacerlo. Esa aparente barrera seguramente será insinuada por los actores opuestos a la reforma. Pero el aborto seguro es un procedimiento sencillo y de bajo costo. En Colombia contamos con la capacidad técnica para proveerlo por parte de los profesionales y, como cuestión de salud pública, estoy segura de que será asumida por esta administración.

En la perspectiva latinoamericana, ¿cree usted que la decisión del Estado colombiano puede influenciar legislaciones como las de Chile y de El Salvador que ahora son los únicos países donde el aborto continúa siendo prohibido bajo cualquier circunstancia?

Creo que en Chile la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet sin duda abrirá esta puerta. Primero, porque es una mujer que para todas nosotras simboliza la diferencia. Segundo, porque ella anunció cambios en la legislación sobre el asunto y, tercero, porque siendo médica debe entender la dimensión de salud pública de este problema, que si bien no es la única – pues para mí se trata principalmente de un tema de democracia y ciudadanía para las mujeres – es fundamental. En El Salvador, por el contrario, no encuentro esperanza en este momento político y en un contexto cada vez más marcado por la derecha en todos los poderes del Estado.

¿Se puede afirmar que está habiendo una flexibilización que abrirá caminos para despenalizar del aborto en el continente? Para algunas feministas, como la abogada peruana Roxana Vásquez, la legalización aún va a demorar.

Creo que la lucha por legalizar el aborto continúa. Sin embargo, creo que cambios como el de Colombia, que nos satisfacen, no son suficientes, muestran las conquistas que todavía falta alcanzar para efectuar cambios más radicales: el debate público favorable, la posibilidad de recoger frutos del movimiento (como la investigación), el reconocimiento de la separación de los tres poderes en el Estado y la exaltación del Estado Laico como un valor importante para la democracia.

En esa lucha, ¿cuáles son los actuales obstáculos? ¿Es aún grande su poder en América Latina, o decisiones como la de la Corte colombiana lo están debilitando?

Creo que el poder de la Iglesia sigue siendo grande, aunque pienso que sus propias decisiones fundamentalistas – como cuando dijeron en Colombia que van a excomulgar a los magistrados – la van a llevar al harakiri. Sin embargo, hay también otros obstáculos importantes: la falta de valentía de los y las legisladoras que siguen creyendo que el tema del aborto es un tabú que les va a quitar votos. Se ve que se perdieron el debate colombiano, porque si la abogada que interpuso la demanda estuviera en campaña, sin duda hubiera obtenido miles de votos.

Creo que también se trata de los tiempos que requieren los grandes cambios. Las feministas luchamos por ampliar la ciudadanía de las mujeres y por que se reconozcan en los derechos, los derechos de las mujeres. Y esto toma tiempo. Pero el tiempo ha empezado de muchas maneras a demostrar que es el momento de los cambios, “es el tiempo”.

¿Puede la Iglesia continuar basándose en el argumento de la defensa de la vida?

Quisiera remitirme nuevamente a la decisión de la Corte Colombiana para decir que la premisa del derecho a la vida no es exclusiva de la Iglesia y que es importante no permitir que se nos quiten argumentos que también hacen parte de nuestra ética. En el comunicado acerca de los argumentos de la decisión, la Corte Constitucional consideró necesario “distinguir el derecho a la vida, del cual son titulares las personas capaces de vida independiente, del bien jurídico de la vida que obliga a la protección igualmente del nasciturus desde el momento mismo de la concepción. Es jurisprudencia reiterada de esta Corporación que los derechos fundamentales, los principios y valores constitucionales no son ilimitados ni tienen un carácter absoluto. En esa medida tanto el derecho a la vida, como la protección a la vida del nasciturus deben ser ponderados con los restantes derechos y bienes constitucionalmente protegidos, y como resultado de la ponderación puede resultar que en ciertos casos la protección del bien jurídico de la vida en cabeza del nasciturus puede suponer cargas desproporcionadas para el derecho a la vida, a la igualdad y a la salud de la mujer gestante” .

Si en el 2004 el proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva hubiese sido aprobado en Uruguay, ese país sería considerado uno de los más intensamente laicos, el primero de la región en tener una legislación francamente liberal con relación a esa cuestión. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados pero no pasó en el Senado Federal que decidió mantener la ley vigente en el país desde 1938, la cual considera el aborto un crimen, con determinadas excepciones y atenuantes. ¿Cuál es la situación actual en Uruguay con relación a la legislación del aborto?

Por lo que puedo leer del momento actual, creo que por un lado está el Presidente con su ya pública amenaza de veto al proyecto de ley en caso de ser aprobado y, por otro, el malestar profundo que ha causado en la sociedad, quienes esperan con este gobierno un momento propicio para los cambios. Sin embargo hay quienes están decididos a dar la pelea: particularmente el movimiento feminista y también una importante fracción del Parlamento y la sociedad, ya que el 63% de la población aprueba el proyecto. Estas personas luchan por mantener su tradición como estado laico. Por otro lado, están convencidas de que, en una sociedad en la cual el aborto es la primera causa de muerte materna, con tantas ventajas en los indicadores en materia de salud comparativamente con el resto de América Latina, está claro que con la despenalización de algunas causales no basta. Creo que el Uruguay tiene todo lo que necesita para insistir en la legalización del aborto.

¿Cuál es, a su entender, la perspectiva para América Latina como un todo?

Creo que la región tiene un gran acumulado, señales de esperanza, un movimiento de mujeres que no cesa, que se organiza, que produce resultados de investigación, que denuncia y que debate. Creo que cada vez es más claro que el mundo tiene vergüenza de negar que los derechos de las mujeres son parte de los derechos humanos, pese a los fundamentalismos y pese a momentos de desaliento.

Publicada em: 10/06/2006

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