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Paraguay
Cuando el anfitrión vota en contra
Del 3 al 5 de junio de 2014 se celebra en Asunción de Paraguay la 44ª Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo el lema “Desarrollo con Inclusión Social”. En la misma y fruto de un consenso continental construido a lo largo de años, será sometido a consideración de la Plenaria un Proyecto de Resolución sobre Promoción y Protección de Derechos Humanos. Con el apoyo de Argentina, Colombia, Estados Unidos y Uruguay, Brasil impulsa la inclusión de una serie de menciones sobre temáticas de orientación sexual e identidad o expresión de género en la Resolución a ser votada. El texto propuesto exhorta a los estados miembros de la OEA a que protejan los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGTBI), fortalezcan los mecanismos de prevención de violencias y violaciones de sus derechos humanos y adopten políticas contra la discriminación.
En la reunión con los embajadores de los estados miembros de la OEA previa a la Asamblea General, también se manifestaron otros sectores de la sociedad civil, como el de mujeres que propugnan porque se elabore y apruebe una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el de afrodescendientes, el de pueblos originarios, de derechos humanos y democracia, entre otros. La creciente presencia de grupos “pro-vida” en estas reuniones provocó protestas y polarizó las posiciones motivadas por la negativa de esa organización a discutir en conjunto y por su afán de imponer una versión excluyente de familia y contraria a los derechos humanos, según denunciaron algunos de los representantes elegidos como voceros de las organizaciones presentes. Al final de su intervención, la activista lesbiana Camila Zavala pidió al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, apoyar sin cortapisas la Resolución sobre orientación sexual e identidad de género, en alusión a las reticencias de su gobierno de hacerlo este año, como lo ha venido haciendo en años anteriores. En esta entrevista, las activistas paraguayas Mirta Moragas Mereles, integrante de la Red Contra Toda Forma de Discriminación – RCTD y Rosa María Posa Guinea, integrante de Aireana Grupo por los Derechos de las Lesbianas, sitúan estos eventos en el contexto político actual del país, dos años depués de la destitución del presidente Fernando Lugo y de las elecciones que llevaron al conservador Horacio Cartes al poder. En América Latina, varios países han avanzado –a distintos ritmos– en la garantía de derechos de personas LGBT, como el matrimonio, el reconocimiento de la identidad de género de personas trans y el combate a la violencia. ¿Cómo se posiciona Paraguay en este panorama?
El tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos también constituye una deuda pendiente. El aborto está penalizado casi sin excepciones y hay mucha discriminación, homofobia, transfobia y bifobia, así como machismo. La sociedad paraguaya es muy conservadora y en los últimos años ha habido un recrudecimiento del fundamentalismo, más fuerte y más organizado. Cuando surge una cuestión mínima relacionada con avances en derechos, estos grupos aparecen con todo y tienen una gran capacidad de movilización en alianza con iglesias. Paraguay venía acompañando el proceso previo en el seno de la OEA para crear instrumentos contra la discriminación. ¿Qué pasó este año?
El senador Juan Manuel Bóveda salió con declaraciones terroríficas. En años anteriores había afirmado que los comunistas y quienes abogaban por el “matrimonio gay” querían destruir el país. Luego habló el senador Carlos Núñez Agüero, quien señaló que cuando veía a un “hombre travesti vestido de mujer” en la calle se asomaba por la ventanilla de su auto y le gritaba “lacra de la sociedad”. Por estas declaraciones parecía que se estuviera discutiendo el matrimonio igualitario. Yo creo que estas declaraciones los ridiculizan a ellos mismos. En este sentido, considero positivo el debate suscitado al respecto. Antes, cuando había declaraciones homo-lesbo-transfóbicas, las organizaciones sociales salíamos a decir algo, pero ahora fue tan terrible que muchos periodistas criticaron a estos parlamentarios por su nivel de homofobia. Esto ha generado un debate bastante interesante en la sociedad. ¿De qué modo se articularon a este debate los grupos conservadores? Rosa Posa - En el marco de la Asamblea Ordinaria de la OEA se establecen espacios para que la sociedad civil participe mediante la conformación de grupos de trabajo sobre distintos temas y el producto de este trabajo es presentado a todos los cancilleres. Esto es lo que va ocurrir el día de hoy [3 de junio de 2014]. Este año el gobierno paraguayo decidió que convocaría una mesa para los grupos autodenominados “pro-vida" y “pro-familia”. Cada año los participantes deciden qué mesas se van a conformar, pero este año el gobierno impuso esa. Esto suscitó una discusión el día de ayer, porque las mesas no son por ideologías sino por temas de trabajo tales como desarrollo con inclusión social, LGBTI, derechos sexuales y derechos reproductivos, mujeres, afro-descendientes. Sin embargo, esta mesa fue establecida de facto por el gobierno. Mirta Moragas - Al mismo tiempo cuando se da a conocer que la resolución se va a tratar este año, grupos opositores se organizan y realizan marchas. Esta semana va a haber manifestaciones a favor de “la vida y la familia”. Estos grupos denuncian incluso que en la Asamblea se va a aprobar el aborto y el matrimonio igualitario. Han hecho una fuerte campaña de desinformación respecto al alcance de la Asamblea de la OEA. ¿Cómo interpretan declaraciones como las del Canciller Loizaga diciendo que en Paraguay no habría homofobia y por lo tanto una resolución en este sentido sería innecesaria? Rosa Posa - Desde el grupo Aireana le enviamos una nota al Canciller señalando que negar la discriminación es una de las muestras más grandes de que la misma existe. Según nuestras compañeras trans, desde 1989 ellas han sido víctimas de más de 50 asesinatos. En nuestra organización tenemos más de 200 denuncias relacionadas con despidos laborales, exclusión del sistema educativo, discriminación en las familias, lesbianas violadas por la policía, detenciones arbitrarias, maltrato en el sistema de salud. La mayoría de casos son reportados por adolescentes y jóvenes y las agresiones suelen tener lugar en el marco de la familia. Incluyen violencia física, psicológica, violaciones por encargo para “corregir” a las lesbianas, etcétera. En la carta le señalábamos al Canciller lo irresponsables que eran sus afirmaciones ante ese panorama. Mirta Moragas - A través de las declaraciones del Canciller el gobierno avaló explícitamente la discriminación. Hasta ahora, el Estado había evitado abordar este tema. En 2003, organizaciones de la sociedad civil iniciaron la construcción de un proyecto de ley contra toda forma de discriminación, que fue presentado en 2007. Lleva 7 años en el Parlamento y ni siquiera lo han tratado. La posición del Estado había sido no tratar el tema; pero ahora, lo que está haciendo es incitar la discriminación, legitimarla. Y por experiencia sabemos que cuando pasan este tipo de cosas, cuando los actores políticos legitiman la discriminación, eso repercute en la gente. Quienes cometen crímenes de odio se sienten legitimados por este tipo de afirmaciones. Quien tiene como diversión matar travestis o golpear a hombres gay o mujeres lesbianas se siente respaldado por los actores políticos. Paraguay se postuló para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, organizaciones sociales y redes que trabajamos sobre no discriminación, derechos sexuales y derechos reproductivos manifestamos que un país que tiene serios problemas de discriminación y que no va a firmar instrumentos orientados a combatirla no puede integrar un espacio como éste. La agenda de los grupos movilizados contra la resolución de la OEA sobre orientación sexual y expresión de género y su eco entre parlamentarios y comentaristas cargó también contra los derechos de las mujeres. Este giro conservador nos es exclusivamente paraguayo. ¿Qué nos puede comentar sobre él? Rosa Posa - El senador Bóveda hizo una alusión a la mujer como “una perrita fiel” que debe esperar al marido en la casa. De quien viene, no es una sorpresa. Sabemos que la homofobia, la lesbofobia y la transfobia van de la mano con la misoginia. Esto no es ninguna novedad. La misoginia y el sexismo forman parte de esto. También se evidencia el racismo. Ayer en las mesas de trabajo en el marco de la Asamblea hubo un señor de una organización anti-derechos llamada Human Life International que afirmó también que en Paraguay no había racismo, a lo que una persona afro-descendiente replicó, señalando que el racismo está en el mundo entero. Al parecer no nos habíamos dado cuenta que vivíamos en el paraíso.
Lea además la Declaración de la Coalicion de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero e Intersex de las Américas: DECLARACIÓN DE LA COALICION DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRAVESTIS, TRANSEXUALES, TRANSGENERO E INTERSEX DE LAS AMERICAS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA. Asunción, Paraguay, 04 DE JUNIO DE 2014 Señor Secretario General, Señoras Ministras y Señores Ministros, integrantes de las delegaciones oficiales, colegas de la sociedad civil: Las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales, en adelante LGBTTTI reunidas en la Ciudad de Asunción, del 3 al 5 de junio de 2014 conforme a las directrices establecidas por la Asamblea General de la OEA que determinan un marco normativo para aumentar y fortalecer la participación de la Sociedad Civil en la OEA y en el proceso de Cumbres de las Américas, expresan que: El colectivo LGBTTTI saluda el que esta Asamblea tenga como tema central el Desarrollo con Inclusión Social, por entender que la exclusión por cualquier motivo produce efectos sociales y económicos indeseables que deben ser tomados en cuenta por los Estados. Los grupos sociales discriminados son marginados de los beneficios del desarrollo, presentan mayores niveles de pobreza y son más vulnerables a la violencia. Para que el desarrollo sea incluyente debe tener un enfoque de derechos humanos que tome en cuenta las especificidades de las poblaciones discriminadas, como son las personas LGBTTTI, las afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, las trabajadores y trabajadores sexuales, las personas adultas mayores, las personas privadas de la libertad y otros grupos. La exclusión de una parte de la población de los beneficios del desarrollo no sólo viola sus derechos humanos sino que además empobrece el capital social de la nación en su conjunto. No puede haber desarrollo pleno cuando a las personas LGBTTTI se les margina del derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la justicia. El acoso y el bullying a niños y jóvenes gays, lesbianas y trans en las escuelas, cuando no su exclusión directa del sistema escolar, les niega las destrezas necesarias para su posterior inserción en el mundo laboral. Sumado a la discriminación en las contrataciones y los despidos arbitrarios debido a prejuicios homofóbicos, el resultado es que un gran número de ciudadanos y ciudadanas se ven impedidos de ejercer sus derechos en el ámbito laboral. La pobreza resultante es particularmente evidente en el caso de las personas transexuales y transgénero, que sufren la discriminación laboral en grado extremo, y en el de las lesbianas, cuya marginación es potenciada por el sexismo que las afecta como mujeres. La prevención y sanción de la discriminación laboral por motivo de orientación sexual e identidad de género son por tanto imprescindibles para el logro del desarrollo pleno. Los Estados deben adicionalmente poner en marcha políticas de acción afirmativa en la capacitación profesional y técnica de la población LGBTTTI, a fin de hacer más efectivas las políticas que buscan la incorporación de todos los grupos sociales a los planes de desarrollo. Otro ámbito de gran preocupación para la comunidad LGBTTTI es el de la seguridad ciudadana y la violencia, visto que América Latina y el Caribe sigue siendo la región del mundo con el mayor número de crímenes de odio. En la mayoría de los países de la región no se reconoce ni se sanciona la violencia motivada por la homofobia/ transfobia / lesbofobia, lo que aumenta la vulnerabilidad de este colectivo social y la impunidad. En el caso de las personas trans, la falta de reconocimiento legal de su identidad las coloca en una situación de inseguridad adicional que las expone a la violencia -incluyendo la cometida por la policía- y les impide al acceso a la justicia. Nuestro colectivo desea manifestar preocupación por la negativa de los Estados del CARICOM por invisibilizar a las personas LGBTTI y no asumir sus responsabilidades políticas. Además de afectar su dignidad y su calidad de vida, la falta de reconocimiento de los derechos ciudadanos de este sector promueve su marginación social y económica e impide su incorporación a los procesos de formación de capital humano indispensables para el desarrollo. Por otro lado, deseamos expresar a los Estados miembros nuestra agradecimiento por la adopción de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. Exhortamos a todos los países de la región a adherirse a estas convenciones, demostrando de esta forma su compromiso con los derechos humanos de toda la ciudadanía, sin exclusiones. También expresamos a la Comisión Interamericana nuestra satisfacción por la creación de la Relatoría Sobre los Derechos de las Personas LGBTI. Así como rechazamos cualquier atentado contra la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana. Expresamos por último nuestra desazón ante el discurso intolerante y de incitación al odio por parte de sectores fundamentalistas en Paraguay y en otros países de la región, incluyendo algunos altos funcionarios de los estados, que de manera abierta continúan oponiéndose al reconocimiento de derechos de las personas GLBTTTI incluidas en las resoluciones y convenciones aprobadas por este organismo. En virtud de lo anterior demandamos que los Estados Miembros: 1. Firmen, ratifiquen y ejecuten la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, así como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, y Formas Conexas de Intolerancia. 2. Adopten legislaciones y políticas públicas conformes a los compromisos asumidos en las resoluciones sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género aprobadas por las anteriores asambleas generales. 3. Adopten medidas que aseguren el acceso a la justicia, garanticen el debido proceso e impidan la impunidad, bajo los principios de no discriminación por orientación sexual e identidad de género. 4. Adopten estrategias de salud integral y específica para poblaciones LGBTTTI, con particular énfasis en las necesidades diferenciadas de las personas trans. 5. Revisen sus marcos legislativos, derogando leyes que criminalicen las relaciones entre personas del mismo sexo. 6. Adopten leyes que reconozcan la identidad de género de las personas trans. 7. Que se adopten leyes y se actualicen los cuerpos normativos para garantizar el reconocimiento de los difirentes tipos de familia. 8. Eliminen procedimientos médicos donde se sometan a mutilaciones genitales a niños y niñas intersex y elaboren protocolos basados en derechos humanos y respeto a la identidad de género. 9. Promuevan la participación directa de las personas LGBTTTI y grupos de la sociedad civil en los diálogos, consultas, definición y elaboración de los planes nacionales de desarrollo. 10. Que los estados del CARICOM, en los próximos dos años, definan políticas que respondan a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas LGBTI y mejoren los mecanismos en la planificación de las políticas estatales para que incluyan servicios para jovenes LGBTI. 11. Exhortamos a los Estados miembros a dotar de recursos financieros, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, para implementar acciones que garanticen su pleno desarrollo y la restitución de derechos de los hombres y mujeres LGBTI afrodescendientes de las américas. 12. Consideren la propuesta de una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Que la Asamblea General: Apruebe el proyecto de Resolución "Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género" presentada por la delegación de Brasil y los paises copatrocinantes, cuya iniciativa agradecemos. Publicada em: 04/06/2014 |
En la víspera de la Asamblea, organizaciones locales de defensa de derechos humanos entraron en alerta ante la movilización de grupos religiosos y declaraciones públicas de parlamentarios paraguayos que desvirtuaban el contenido del documento regional y promovían discursos misóginos y de odio contra las minorías sexuales. Por su parte, miembros del poder ejecutivo y el propio canciller, Eladio Loizaga, anunciaron que Paraguay no apoyará la resolución, dado que el país se abstuvo de firmar o ratificar la Convención Interamericana contra Toda forma de Discriminación. El canciller fue aún más allá al afirmar que en Paraguay no hay homofobia y que, por lo tanto, una resolución de este tipo no sería necesaria.
Mirta Moragas - Estamos al lado de Brasil, así como de Argentina y Uruguay. Sobre todo estos dos últimos han avanzado muchísimo en reconocer derechos de personas LGBTI. En contraste, Paraguay es el único país de la región que no tiene una ley contra la discriminación, ni políticas públicas integrales sobre el tema. Actualmente no hay ningún mecanismo al cual recurrir en casos de discriminación por cualquier motivo, incluida la orientación sexual y la identidad de género. No está claro cuál es el ente público que debería reparar un hecho como este, tanto en el caso de personas LGBTI como de indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad e incluso las mujeres.
Rosa Posa - El Canciller Eladio Loizaga ya había señalado previamente que no iba a suscribir las convenciones aprobadas en años anteriores. En el caso de Paraguay, como en otros países, para que el instrumento tenga fuerza de ley, el presidente firma y el Parlamento ratifica. En ese contexto, en el Parlamento se discutió una carta enviada por grupos anti-derechos abogando por una única forma de familia y por “la defensa de la vida” en el marco de la Asamblea.