Millones de mujeres en el mundo continúan sufriendo lesiones severas y traumas y más de 66,000 mueren cada año a causa de abortos inseguros; otras son criminalizadas o encarceladas. La región de América Latina y el Caribe es escenario de importantes cambios en la esfera de los derechos humanos, con especial atención a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que están siendo promovidos por las mujeres feministas organizadas de la región.
Compartimos los esfuerzos que en cada país las mujeres y asociaciones de la sociedad civil realizan procurando sostener AVANCES en los derechos ya reconocidos. A la vez, denunciamos RETROCESOS que vive la región, producto de las presiones de grupos fundamentalistas religiosos y de la complacencia de la mayoría de gobiernos que se inclinan ante el liderazgo católico y evangélico, ignorando los mandatos constitucionales y los de su propia ciudadanía.
Tomando en cuenta el último Llamado a la Acción de la Campaña 28 de Setiembre, hemos podido observar que en el último año:
§ Se han producido iniciativas de reformas legales para cambiar las legislaciones nacionales incorporando nuevas causales o plazos para permitir abortos no punibles: Argentina. A la vez, se ha bloqueado, paralizado o desestimado esas u otras iniciativas, argumentado la defensa de la vida del no nacido, al que se le otorga supremacía de derechos con relación a las mujeres.
§ El cambio de los Códigos Penales y de las Constituciones nacionales ha sido aprovechado por los sectores más reaccionarios para eliminar el aborto no punible, o para amenazar con cambiar la legislación por otra más restrictiva: Nicaragua. O se pretende extender prohibiciones hacia la fertilización in vitro, la píldora anticonceptiva de emergencia o se quiere “consagrar” la protección del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural: República Dominicana
§ A algunas adolescentes con discapacidades que fueron violadas y embarazadas les ha sido permitida la interrupción del embarazo. Mientras tanto, en la mayoría de los casos la autorización ha sido denegada o demorada, de modo tal que al final resulta impracticable.
§ Jueces y juezas han aprobado la interrupción del embarazo en casos de extrema necesidad, argumentando sobre los derechos adquiridos de las mujeres. En tanto, otras y otros han denegado las solicitudes, aunque han enfrentado juicios políticos por mal desempeño de funciones y desconocimiento del derecho vigente: Argentina.
§ Médicas y médicos han demandado a los congresos que legislen favorablemente para no sentirse desamparados o amenazados a la hora de realizar un aborto no punible. Otros han sido procesados por haberse negado a realizar un aborto terapéutico en caso extrema necesidad.
§ En ámbitos judiciales se ha ratificado que profesionales de salud que atienden a mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros no están obligados a notificarlo a las autoridades, amparados en el secreto profesional. Otras y otros violaron los derechos de quienes acudieron a su consulta, interrogando y acusando a las mujeres como si fuesen criminales: Nicaragua.
§ Se ha aprobado Protocolos de atención del aborto no punible y Normas de atención de emergencia para reducir las complicaciones de los abortos inseguros. A la vez, la reducción de los presupuestos de salud y las múltiples carencias de los sistemas públicos, permite que se prolongue el maltrato y la discriminación de las mujeres que acuden por aborto.
§ Miles de mujeres de la región han apoyado las Campañas nacionales que continuaron exigiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la ampliación de plazos o de causales para la interrupción del embarazo, la no “judicialización” de los servicios médicos, que hacen interpretaciones restrictivas y ponen trabas antojadizas no contempladas en la legislación.
§ La mayoría de países de la región firmaron la Declaración Ministerial de la Ciudad de México “Prevenir con Educación” mediante la que adquieren el compromiso de implementar políticas y programas de educación sexual. En tanto, legisladores de varios países centroamericanos firmaron el libro “Sí a la vida” que pretende crear conciencia sobre la protección de la vida de los aun no nacidos; a pesar de ser una iniciativa de los grupos denominados pro-vida, legisladores de izquierda también firmaron, como en El Salvador.
§ Por amplia mayoría, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró constitucional la legislación que permite la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal desde abril del 2007, de esa manera quedaron sin efecto las demandas de los grupos denominados pro-vida.
§ Comités de Bioética de la región han formulado argumentos para sustentar la interrupción del embarazo en los servicios públicos. Mientras en otros países, esos Comités han servido de promoción de posiciones fundamentalistas en contra de los derechos de las mujeres, logrando que el sector médico se paralice.
§ La ONU ha aceptado peticiones de las organizaciones de mujeres y ha emitido resoluciones que demandan a los Estados por negar el acceso al aborto no punible, como una violación de derechos humanos. En otros casos, el tiempo para responder demandas ha caducado sin lograr una resolución en ese alto nivel.
§ Altas instancias judiciales se han pronunciado a favor de la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia, como el Consejo de Estado en Colombia. En tanto, otras altas instancias han considerado que el fármaco es un abortivo y por lo tanto lo han prohibido: Tribunal Constitucional de Chile, Cámara en lo Civil y Comercial de Córdoba, Argentina.
§ Amnistía Internacional se pronunció contra la persecución política de líderes feministas que denunciaron la eliminación del aborto terapéutico en Nicaragua y sobre la prohibición de la píldora anticonceptiva de emergencia en Chile “que afectaría la tasa de abortos clandestinos y el número de muertes por abortos”.
§ La aprobación del aborto no punible por plazos y por causales como en México y Colombia ha permitido que miles de mujeres hayan logrado ser atendidas en el sistema público. A la vez, ha sido necesario que las organizaciones feministas luchen denodadamente para lograr el acceso de las mujeres a esos servicios, debido a múltiples barreras que el propio sistema público plantea.
§ Audiencias Públicas fueron el escenario donde mujeres feministas de la región tuvieron oportunidad de ejercer la defensa del derecho al aborto, del aborto en situaciones extremas, de la dignidad y el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres, de la libertad de conciencia y del respeto al Estado laico: Brasil y México.
§ Un proyecto de Tratado Jurídico (Concordato) entre el gobierno y el Vaticano enviado por el Presidente de Brasil fue aprobado por la Cámara de Diputados y enviado al Senado Federal para otorgarle privilegios la Iglesia Católica. Mientras tanto, más de mil mujeres pobres del Mato Grosso fueron víctimas de la criminalización del aborto cuando la policía secuestró los expedientes, las interrogó por haber sido atendidas en clínicas privadas varios años atrás, ahora sufren procesos judiciales y negocian sus penas por servicios en la comunidad, obligadas a trabajar gratuitamente en guarderías infantiles para que “aprendan a ser madres”.
§ El Senado y la Cámara de Diputados del Uruguay aprobaron el Proyecto de Ley Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva, sin embargo, en la sesión de la Asamblea General del parlamento no se logró levantar el veto que el Poder Ejecutivo impuso al Proyecto, evidenciando la falta de compromiso de los políticos ante la ciudadanía, que rechazó el veto presidencial en un 63%.
§ En países donde el Estado laico es un mandato constitucional cardenales y obispos católicos y líderes evangélicos continúan presionando y amenazando con excomulgar a la dirigencia política si legislan a favor de las mujeres: Uruguay, Nicaragua.
§ En la región latinoamericana, entre el 20% y el 30% de los embarazos y de las muertes maternas continúan ocurriendo en mujeres adolescentes, producto de las deficiencias de la educación sexual en las instituciones oficiales, de su falta de autonomía para evitar relaciones sexuales de riesgo, así como de la violencia sexual: Nicaragua, Bolivia, Venezuela.
§ Por primera vez en su historia, Amnistía Internacional publica una declaración especial y lanza una campaña internacional denunciando la prohibición total del aborto en Nicaragua, haciendo énfasis en la vida y la salud de las mujeres en peligro y demandando protección para profesionales de la medicina que están siendo criminalizados.
Llamado a la Acción : NO más violaciones de nuestros derechos
§ Para que la separación de las decisiones de Estado de toda influencia religiosa sea efectiva es imprescindible la vigencia el Estado laico.
§ Por la eliminación de todo tipo de discriminaciones, es urgente el respeto y la vigencia de los derechos sexuales y derechos reproductivos de todas las personas.
§ Porque la irresponsabilidad masculina subyace como causa de la mayoría de embarazos no planificados, los hombres deben asumir un compromiso ciudadano en su sexualidad y reproducción.
§ Por el acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva integral, así como a la más amplia variedad de métodos anticonceptivos seguros.
§ Por el acceso a servicios de salud de calidad y al aborto legal y seguro, como condición necesaria para la reducción de la mortalidad y morbilidad materna.
§ Por la existencia de políticas integrales no asistencialistas para reducir la mortalidad y morbilidad maternas, enmarcadas en los derechos humanos.
§ Por el reconocimiento de adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos, para que tengan oportunidades que les permitan tomar decisiones libres, responsables e informadas.
§ Por la garantía del libre ejercicio de la sexualidad, el acceso a la educación sexual, la información y el acceso a métodos anticonceptivos seguros para adolescentes y jóvenes.
§ Por la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, contemplando la relación violencia sexual y VIH y Sida y el acceso al aborto en esas situaciones.
§ Por el cese de amenazas de lideres religiosos hacia funcionarias y funcionarios públicos. Por la erradicación de la obediencia religiosa de legisladores y legisladoras, jueces y políticos.
§ Por el derecho a la información y los medios para prevenir embarazos no deseados y por acceso a la protección adecuada o tratamiento para impedirlos.
§ Por la divulgación de tecnologías seguras para interrupción del embarazo para salvar la vida de las mujeres.
§ Por el compromiso de los gobiernos y de los donantes para contar con mayores recursos que aseguren la atención integral de la salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción y los servicios de aborto seguro.
§ Por la capacitación médica permanente sobre la atención del aborto, que incluya a enfermeras, parteras/matronas y otro personal de salud.
§ Por el respeto del secreto profesional hacia las mujeres atendidas por complicaciones del aborto inseguro en servicios públicos y privados.
§ Por una sociedad que no calle y no permita los abusos contra la libertad de elección de las mujeres.
Por el derecho a decidir, por la democracia, la libertad, la justicia social y los Derechos Humanos de todas las mujeres.
América Latina y El Caribe, 28 de septiembre del 2009.
