Brasil

Laicidad a prueba

Este artículo trata el tema de la separación entre Estado e Iglesia, cuestionando la verdadera laicidad del Estado brasileño. El texto forma parta de la serie sobre las implicaciones de la visita del Papa a Brasil, promovida por el Observatorio de la Sexualidad (Sexuality Policy Watch)

 

Laicidad a prueba

por Washigton Castilhos 

 En su primera encíclica, “Deus caritas est” (Dios es amor), el Papa Benedicto XVI afirma que, si bien la justicia social es una atribución del Estado, la fe debe “iluminar” la política. En el documento, Ratzinger reafirma los límites entre la actuación de la Iglesia y del Estado diciendo que “la Iglesia no puede ni debe tomar en sus propias manos la batalla política para lograr una sociedad lo más justa posible. No puede ni debe colocarse en el lugar del Estado, pero tampoco puede ni debe quedar al margen de la lucha por la justicia”, afirma el Pontífice. Por su ambigüedad, el texto ha dado margen a diferentes interpretaciones. Para algunos, el mensaje del Papa es que no se debe confundir fe con política; para muchos, sin embargo, lo que está por detrás de las declaraciones papales puede ser una amenaza para las libertades laicas.

“La pretensión de la Iglesia Católica, manifestada por el Papa, de interferir en los asuntos de Estado para tratar de imponer su visión de mundo, hiere el principio de separación entre Estado e Iglesia y debe ser rechazada por los agentes políticos del Estado. Aceptar esa interferencia implica preparar el terreno para un régimen fundamentalista, como ya se ha visto en varios países que están bajo fuerte influencia religiosa”, dice el juez Roberto Arraia Lorea, del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul.

“El temor de ser irrelevante para la esfera pública, por un lado y la creencia de poseer una moralidad superior, por el otro, explican, en parte, la afirmación del Pontífice de colocar la fe católica en el derecho privilegiado de “iluminar la política”, pondera el sociólogo Ricardo Mariano, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul.

El recelo es que Ratzinger ponga en práctica su intención de "iluminar la política" durante su visita a Brasil. Existe la información de que el Presidente Lula podría firmar un acuerdo con el Vaticano, lo cual sucedería durante la estada del Papa en el país. Según esos rumores, por medio de este “acuerdo” el Vaticano defendería el derecho canónico de la Iglesia de ejercer la máxima influencia en asuntos como los derechos reproductivos y la biotecnociencia (en relación a la investigación con células-tronco y a la clonación). El tema ha generado inquietud y muchas reflexiones ya que –aseguran los especialistas– tal iniciativa sería un desastre para la garantía de las libertades laicas y una afronta a los principios republicanos.

“Sería un error político grave sorprender a la nación con una alianza, preparada sigilosamente, que asegure privilegios inconstitucionales a una determinada iglesia. Significaría un atentado contra los principios republicanos asegurados en la Constitución Federal”, afirma Roberto Lorea. En el plano jurídico –según Lorea– la alianza con la Santa Sede debería ser derribada en el Supremo Tribunal Federal (STF) por inconstitucional y, en el plano político, el remedio sería mas amargo aún pues atentar contra la República puede llevar a un presidente a la pérdida del cargo. “El Presidente Lula, en esta hipótesis, estaría poniendo en riesgo su mandato al atentar contra la Contitución y contra la ciudadanía de los brasileños y brasileñas”, afirma el juez.

Fuentes de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), afirman, no obstante, que en realidad lo que estará en foco será la presentación de un documento que la institución llevó diez años para elaborar en el que se pide al gobierno el esclarecimiento de la situación jurídica y legal de la Iglesia en Brasil. Aunque haya habido una separación entre Estado e Iglesia con el advenimiento de la república, no se estableció hasta hoy ninguna legislación como la vigente en varios otros países, entre ellos Portugal. La socióloga María José Rosado, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) ve con buenos ojos la idea de una legislación que defina la situación de la Iglesia en el país. “Esto significa adecuar la situación de una institución religiosa dentro de un país democrático, laico”, observa.

No obstante, el martes 8 de mayo, víspera de la llegada de Benedicto XVI al país, la prensa divulgó que, de hecho desde el año pasado el Vaticano y Brasil están negociando el texto preliminar de un acuerdo que incluye aspectos relacionados a patrimonio, exenciones fiscales y presencia de misioneros en tierras indígenas. Pero el texto en cuestión también se refiere a la educación religiosa, el aborto, la eutanasia, el casamiento entre personas del mismo sexo y las células-tronco. Según el diario Folha de São Paulo, el Ministerio de Relaciones Exteriores recomendó que el presidente no firme ningún documento durante la visita. A su vez, el diario Estado de São Paulo va más allá en su interpretación afirmando que “el gobierno todavía teme que, en el futuro, el acuerdo pueda ser interpretado como una forma de dificultar cambios en las leyes del aborto al dejar claro que el Estado brasileño y el Vaticano comparten los mismos valores.” Además, algunos análisis sugieren que esa posición también se explica por el temor que las fuerzas evangélicas se movilicen rápidamente para obtener un acuerdo equivalente para sus iglesias.

Fronteras desdibujadas

La socióloga María Betania Ávila, coordinadora de SOS Corpo –Instituto Feminista para la Democracia– evalúa que, en la práctica, la tentativa de que la “fe ilumine la política” está en curso. “La visita de Benedicto XVI sirve como una forma de presión sobre el Estado. Cuando se observa el modo en que los sectores conservadores se manifiestan, la visita aparece como un momento de prestar cuentas al Vaticano, que el país está siguiendo los preceptos de la Iglesia. El hecho de que la Iglesia se posicione todo el tiempo contra la legislación del aborto es otra señal de esto. Al restringir el ámbito de los principios democráticos –impidiendo que sean promulgadas leyes favorables a los homosexuales, por ejemplo– ellos tratan de disminuir el ejercicio de la libertad que el Estado laico debe garantizar y asegurar.”

La falta de definición en lo que respecta a las fronteras entre Estado y religión, también puede observarse en los recursos invertidos en la visita del Papa. El Estado de São Paulo gastará más que la Iglesia con la visita de Ratzinger a la capital paulista. La Arquidiócesis de São Paulo estima usar R$ 1,5 millones que serán solventados con la ayuda de fieles y empresas. El valor es inferior a los R$ 2,4 millones que el Estado y la Municipalidad de São Paulo pretenden emplear en el evento por más que el artículo 19 de la Constitución Federal expresamente prohíba al Estado la subvención de cultos religiosos de cualquier iglesia.

“El interés público estatal en materia de religión es el de asegurar la libertad de conciencia y de creencia, conforme lo dispone el artículo 5º, inciso VI, de la Constitución Federal, lo que no se confunde con promover la religiosidad, situación que violaría el artículo 19, inciso I que prohíbe al Estado brasileño subvencionar cultos o mantener relación de dependencia o alianza con cualquier iglesia” apunta Roberto Lorea, coordinador del Seminario Internacional Libertades Laicas, evento que tuvo lugar en las ciudades de Porto Alegre, Rio de Janeiro y São Paulo en la semana de la llegada del Papa al país. Según informaciones publicadas en los principales periódicos del país, entre la Iglesia y el Estado dispondrán R$ 3,9 millones para la visita de Ratzinger.

Para Maria Betania Ávila, el problema no es la llegada del Papa sino el modo en que está siendo instrumentalizada en Brasil. “Su viaje es, en realidad, importante para los católicos pero hay presión para que sea algo importante para la sociedad como un todo. Se habla de la llegada del Papa como si en el país no existieran otras religiones. La estrategia de comunicación utilizada es en miras a afirmar la hegemonía católica.”

Las negociaciones entre Estado e Iglesia

Por más que la separación entre religión y Estado esté asegurada en la Constitución desde 1890, todos esos privilegios garantizados a la Iglesia Católica, aliado a su acentuada influencia en determinadas decisiones del Estado –especialmente aquellas relativas a los derechos sexuales y reproductivos– y la interferencia de los valores religiosos en el campo político nacional, han llevado a que muchos se cuestionen si el proceso de secularización está plenamente establecido en Brasil. “Lo que percibimos es la actuación de la Iglesia en el campo político tratando de penetrar e influenciar el Estado y que éste, a su vez, hace un uso constante de la institución religiosa. A pesar del esfuerzo liberal y republicano, Estado e Iglesia son dos instituciones que se han reforzado históricamente. El Estado puede asumir una naturaleza laica, pero siempre se ha mostrado sensible a las iglesias y al discurso religioso”, analiza la socióloga Maria das Dores Machado, profesora de las Escuela de Servicio Social de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ).

La trayectoria del proyecto de ley 1135/91 de discriminalización del aborto es un buen ejemplo de cómo y cuanto el Estado cede a las demandas religiosas. En el 2006, ya finalizados los trabajos de la Comisión Tripartita (creada por el Gobierno Federal el año anterior para revisar la restrictiva legislación del aborto en el país), el proyecto de ley 1135 fue enviado al Congreso Nacional. Cabría así al Presidente Lula recoger el resultado de los trabajos y tomar la posta en ese proceso. El problema es que, concomitantemente con la finalización de los trabajos de la Comisión, comenzaron a surgir las primeras denuncias de un gran esquema de corrupción en los altos escalafones del gobierno –el que fue conocido como “escándalo del mensalão”. Frente a tales noticias de corrupción en su gobierno, el Presidente Lula negoció el apoyo de la Iglesia y hasta llegó a escribir una carta a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, afirmando que no haría nada en contra de la fe cristiana que recibió de su madre.

“Al ofrecer no enviar al Congreso Nacional el proyecto de despenalización del aborto, como trueque del apoyo de la Iglesia, parece que el presidente se olvidó que no fue elegido para gobernar a católicos o cristianos sino a todos los ciudadanos brasileños, independientemente de sus creencias o no creencias”, critica Roberto Lorea. El proyecto finalmente fue presentado pero, sin el apoyo del Presidente de la República, quedó vulnerable al ataque de grupos religiosos fundamentalistas y tuvo su tramitación perjudicada. “En ese caso, el presidente buscó legitimarse en el poder a través de la Iglesia, en un gesto desesperado que lo dejó vulnerable a los intereses de determinado grupo religioso en detrimento de los intereses del pueblo que lo llevó al poder”, agrega el juez.

Sin embargo, un día antes de la llegada de Ratzinger, el Presidente Lula hizo una declaración con la que busca redimirse. En una entrevista dada a 154 emisoras radiales católicas, afirmó que si bien él es contrario a la interrupción voluntaria del embarazo, el Estado no puede ser ajeno al problema del aborto ya que es una cuestión de salud pública. Trechos de las declaraciones del presidente: Tengo una posición de padre, de marido y de ciudadano y tengo un comportamiento como Presidente de la República. Son dos cosas totalmente distintas. Primero, dije, en mi vida política, que soy contrario al aborto (…) Dije públicamente que no creo que nadie se haga un aborto por opción o por placer. Es importante que la gente sepa dimensionar el momento en que una joven desesperada por un embarazo no deseado corre en la búsqueda de un aborto. (fuente: diario “O Estado de São Paulo”)

El contexto internacional

Vale recordar que en otros países de la región la Iglesia Católica también trata de influenciar directamente a los agentes políticos del Estado. Sin embargo, esa presión no siempre trae los resultados esperados por la jerarquía eclesiástica, siendo una ilustración nata de ello lo sucedido en México la última semana de abril de este año. Días antes de la votación del proyecto de ley que legaliza el aborto en Ciudad de México –el cual fue aprobado el 25 de abril por 46 votos a favor y 19 en contra– el Papa Benedicto XVI envió una carta abierta a los obispos mexicanos solicitando que impidieran la reforma legal. La carta fue interpretada por los parlamentarios de varios partidos como una grave falta de respeto al artículo 113 de la Constitución Mexicana que define la separación entre Estado e Iglesia. La Secretaría de Gobierno le pidió más moderación a la jerarquía católica. Esto se explica, en gran medida, por la base histórica de principios de secularidad ya que, en la región, México y Uruguay son considerados los países cuyos sistemas políticos poseen mayor inspiración en el laicisismo francés con lo que se establecen fronteras mucho más nítidas entre Estado y religión.*

En contraste, el caso nicaragüense es un buen ejemplo de la gran susceptibilidad del Estado a las presiones de la Iglesia. En octubre del 2006, por presión de la Iglesia y con apoyo de Daniel Ortega, el Congreso abolió la cláusula que permitía el aborto en caso de riesgo de vida, presente en el Código Penal desde el siglo XIX.

Finalmente, es necesario subrayar que actualmente el debate sobre secularismo y laicisismo no es peculiar de América Latina. Sin dudas, es un tema candente en Estados Unidos donde la moral conservadora cristiana contaminó profundamente las legislaciones y políticas públicas, después de la elección de George Bush. También está presente en otros contextos como por ejemplo, el caso de la India donde los cuatros años de gobierno de partido hindú BJP plantearon serios interrogantes sobre los límites del secularismo definido por la Constitución. Finalmente, en Turquía la semana pasada un multitud de al menos 300 mil personas salió a las calles de Estambul para protestar contra el supuesto plan del actual gobierno para transformar el país en un Estado islámico, esto, a través de la indicación de un candidato musulmán para la presidencia en lugar de reservar el cargo a un representante de un partido laico. Si bien las leyes establecidas por el Estado secular turco no pueden ser consideradas liberarles en lo que respecta a la sexualidad, esa amplia manifestación puede y debe ser considerada como un síntoma que marca los tiempos en los que vivimos, analiza la feminista turca Pinar Ilkarakkan.

Las nuevas declaraciones de Lula sobre el aborto, expresadas en vísperas de la visita del Papa, sugieren que el presidente brasileño –tal vez estimulado por el posicionamiento del Ministro de la Salud, José Gomes Temporão o por los términos del debate mexicano– está ajustando su discurso a la modernidad y laicidad que caracterizan al debate público sobre estos asuntos y otros temas tanto en el país como en otros puntos del planeta.

Enseñanza religiosa versus libertad de creencia

La visita del Papa al país exige mucha atención desde diversos flancos ya que, como resalta la abogada y magíster en bioética Miriam Ventura: “el Estado brasileño es laico, pero esa laicidad está fragilizada porque admite muchos puntos de contacto entre el Estado y las instituciones religiosas. Para garantizar la expresión de todas las religiones, no podemos tener una religión oficial sino reconocer el pluralismo.” Según Miriam, uno de estos puntos de contacto es la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. La Constitución prevé la enseñanza religiosa como una disciplina en horario normal de las escuelas públicas primarias pero con matrícula optativa. Cabe a los Estados y municipios regular los procedimientos para definir su contenido. En el Estado de Rio de Janeiro, una ley elaborada por un diputado católico instituyó, en el año 2000, el modelo de enseñanza religiosa confesional según el cual la disciplina es dictada a partir de confesiones diferentes (católica, evangélica, etc.).

Se propuso una acción de inconstitucionalidad contra la ley con base en que la enseñanza religiosa autorizada por la Constitución Federal no es de carácter confesional sino interconfesional. Si Brasil es considerado un Estado laico, la única forma de garantizar la enseñanza religiosa en el ámbito del Estado es a través de un espacio interconfesional donde la tolerancia y el respeto a la multiplicidad de ideas religiosas puedan ser garantizados. La acción sustentaba, además, que la enseñanza confesional podría implicar proselitismo y sectarismo. La decisión del Tribunal de Justicia del Estado fue desfavorable argumentando que la única forma de garantizar la libertad religiosa es a través de la enseñanza confesional pues, considerando la diversidad de principios básicos y dogmas de cada religión, una disciplina que busque contemplar a todas puede, al contrario de lo pretendido, estimular conflictos y cuestionar los dogmas religiosos hiriendo, además, la libertad de creencia. La entonces gobernadora de Rio, Rosinha Matheus, abrió un concurso público con 352 vacantes para la religión católica, 176 para religiones de denominación evangélica y 30 para otras religiones.

Autor del libro, “Ensino religioso no Estado do Rio de Janeiro – registros e controvérsias”, en colaboración con Sandra de Sá Carneiro, el antropólogo Emerson Giumbelli, del Instituto de Filosofía y Ciencia Social de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ), considera fundamental reabrir el debate. “La enseñanza religiosa permaneció en la Constitución de 1988 por presión de una campaña básicamente católica. Sin embargo, nos cabe reflexionar si la religión debe o precisa estar presente en la escuela. Cómo proporcionar garantías efectivas al pluralismo? El tema de la enseñanza religiosa es una más de las esferas en que se percibe el modo en que la Iglesia se articula con las deliberaciones estatales”, cuestiona.

“La educación religiosa es una afronta al Estado laico que nunca puede ser perneado por una doctrina religiosa”, resalta Sergio Rego, médico especialista en salud pública y Coordinador del Comité de Ética en Investigación de la Escuela Nacional de Salud Pública (ENSP). Rememora que en los siglos XV y XVI la formación de médicos era hecha por religiosos y para religiosos lo cual influyó negativamente en las escuelas de medicina. Hasta fines del siglo XIX, una norma de la Facultad Nacional de Medicina prohibía las monografías finales que contrariasen temáticas relativas a la doctrina católica como, por ejemplo, la existencia del alma. “La práctica del área de salud aún está impregnada, en cierto modo, de conceptos y principios religiosos. Todavía hay poca reflexión sobre las cuestiones morales. Los médicos siguen lo que piensan que es un código de ética y tienen poca práctica en discutir estos temas”, observa Rego.

En relación a la educación religiosa, la Cámara de Concejales de Entre-Ijuís (una pequeña ciudad del Estado de Rio Grande do Sul), aprobó recientemente una ley que impone la lectura de la biblia en las escuelas municipales. “Se trata, en realidad, de imponer una determinada convicción religiosa, violando así la libertad de los niños. Imaginemos que un niño cuya familia que profesa una determinada creencia religiosa sea obligado a leer un libro sagrado de otra religión en clases. Es una práctica fundamentalista que deshonra la ciudadanía. Sería laico admitir que se impusiera a todos los niños la lectura de un determinado libro sagrado?”, cuestiona Roberto Lorea. “Evidentemente esa imposición viola el artículo 5 inciso VI de la Constitución pues en materia religiosa, nadie puede sufrir coacción estatal. También viola el artículo 19 inciso I pues establece una alianza entre el Estado y una determinada iglesia, en este caso, la católica romana”.

El Tribunal de Justicia de dicho Estado declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la ley. “El quid de la cuestión está en aceptar que en las democracias modernas la adhesión religiosa a una determinada creencia es, necesariamente, voluntaria y no cabe al Estado intervenir sino para asegurar las libertades laicas”, agrega Lorea.

Los crucifijos en las escuelas y tribunales: Brasil, un país católico?

Recientemente, Roberto Lorea comenzó un debate sobre la presencia de símbolos religiosos en locales públicos tales como escuelas y tribunales, incluyendo el Supremo Tribunal Federal (STF) en donde se ve un crucifijo instalado arriba de los símbolos de la República.

“Después de haber sido religión oficial durante el período de la monarquía, la Iglesia Católica obviamente tiene dificultad en alejarse del poder y de los privilegios a los que estaba acostumbrada. La presencia de símbolos religiosos en los edificios públicos es un resquicio de aquel período. Poco a poco vamos adquiriendo la conciencia de que esos símbolos religiosos ahora –en un régimen democrático– deben migrar hacia los museos pues forman parte de nuestro pasado. Mantenerlos (o instalarlos en nuevos edificios) es un anacronismo que mantiene al Estado ligado a una determinada iglesia violando así diversos principios constitucionales”, argumenta el juez.

Según Lorea, la laicidad del Estado puede y debe ser defendida por cualquier ciudadano, tal y como lo hizo el ingeniero de São Paulo Daniel Sottomayor quien, en enero del 2006 lanzó la campaña “Brasil para Todos" . La iniciativa tiende a la democratización de los espacios y los servicios públicos brasileños, incentivando la entrada de peticiones en el Consejo Nacional de Justicia y representaciones en el Ministerio Público, con la finalidad de retirar los símbolos religiosos de esos lugares. “Algunas ya fueran juzgadas, pero por ahora, todas negativamente. Uno de los promotores de justicia nos respondió que no podía atender nuestro pedido porque en ese caso, mañana querríamos explotar el Cristo Redentor”, cuenta Sotomayor. “Afortunadamente no todos los promotores tienen esa visión, además, el Ministerio Público ha sido una buena vía. El año pasado un individuo entró con un recurso contra la exposición de un crucifico en el Hospital Universitario de la Universidad de São Paulo. El Ministerio Público atendió el caso y el crucifijo fue retirado.”

“Bloque evangélico”: la religión en el corazón de la política

Para el antropólogo Sérgio Carrara, profesor de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (EURJ) y Coordinador del Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM), la discusión no se relaciona solo con la simple retirada de un objeto o un adorno de los tribunales. “Lo que está en juego es uno de los principios más caros a las democracias modernas en base al cual los planos religioso y político-jurídico deben permanecer paralelos e independientes como dos esferas que se miran y no se tocan. Esta discusión pone al descubierto el hecho de que la República brasileña está lejos de haber fundado un Estado verdaderamente laico. A la sombra de esa cruz se ocultan diversos problemas relacionados con la inexistencia de las fronteras claras entre esas esferas, tales como el derecho al aborto y la unión civil de personas del mismo sexo”, observa.

“La idea de un Estado laico supone una separación entre religión y secularidad, pero cuando existe la posibilidad de que los religiosos ocupen cargos políticos hay una reinserción de los valores religiosos en la política”, analiza Marcelo Natividade del IFCS. Natividade es uno de los coordinadores de la investigación “La influencia de los valores religiosos en la presentación y tramitación de proyectos de ley”, cuya propuesta es realizar un relevamiento de los proyectos relativos a los derechos y al uso del cuerpo que estén en trámite o archivados en la Cámara Federa y en las Asambleas Legislativa de los Estados de Rio de Janeiro y de São Paulo. El estudio prioriza cuatro áreas temáticas: aborto, orientación sexual, planificación familiar y eutanasia. El lunes 23 de abril, en su último pronunciamiento sobre estos temas, el Vaticano dijo que “el casamiento homosexual es un mal y el aborto y la eutanasia son forma de terrorismo con rostro humano.”

A pesar de la posición del Vaticano y de otros sectores conservadores, en la Cámara Federal brasileña se tramitan actualmente 87 proyectos de ley que presentan el aborto como tema y 53 relativos a la homosexualidad y la orientación sexual, buena parte de los cuales enfrenta fuerte oposición religiosa del llamado “bloque evangélico” –compuesto en esta legislatura por 37 diputados y en la legislatura pasada por 60 diputados. “El problema es que cuando el proyecto gana proyección y toma debate público, los discursos de los evangélicos y católicos se alinean. Una de las estrategias de la oposición es pedir enmiendas y cambios, sólo para sacar de pauta a determinado proyecto de ley”, dice Natividade.

Un ejemplo a ser citado, según Natividade, es el Proyecto de Ley de Unión Civil (N° 1151/1995) que tramita en la cámara hace más de una década y es uno de los más rechazados, tanto por católicos como por evangélicos. En las elecciones para gobernador del Estado de Rio de Janeiro, por ejemplo, el senador y pastor evangélico Marcelo Crivella, derrotado en el primer turno, negoció el apoyo en segundo turno al candidato Sérgio Cabral bajo la condición de que retirase del Congreso Nacional el proyecto de ley que regulariza las uniones entre personas del mismo sexo. Criticado, Crivella se justificó argumentando que el tema es un dogma tanto para católicos como para evangélicos. “De este modo, estaríamos frente a un cartel religioso”, destaca Roberto Lorea.

Según Marcelo Natividade, otra estrategia común en la Cámara es la proposición de un proyecto conservador en contraposición a un proyecto que contemple demandas GLBT. “En contrapartida al proyecto de ley 379/2003 que propone la institución del día nacional del orgullo gay, el bloque evangélico lanzó el proyecto 2279/2003 cuyo objetivo es convertir en contravención penal el beso ‘lascivo’ de personas del mismo sexo en público”, ejemplifica el investigador.

“Los debates y las tentativas de interferencia y obstrucción a los parlamentarios, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, han demostrado la fuerza de las instituciones religiosas frente a los poderes del Estado instigándonos a una profunda reflexión sobre los modos de garantizar las libertades religiosas como parte de la tradición democrática y mantener la absoluta separación entre Estado y religión, o mejor, mantener el Estado laico”, pondera Miriam Ventura.

Para Roberto Lorea, la llegada del Papa a Brasil no debe ser vista como una amenaza sino como una oportunidad para cotejar y monitorear el compromiso de los agentes políticos con las Políticas Públicas del Gobierno Federal. “Acciones importantes como el Programa Nacional de Combate à AIDS, el de Educando para a Igualdade, Brasil sem Homofobia y el Programa de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Sexual, representan nuestra identidad en términos de ciudadanía sexual. Espero que nuestros políticos reaccionen ante cualquier discurso religioso homofóbico, que atente contra los derechos humanos de las mujeres o que sea una afronta para nuestra ciudadanía."

*Asimismo, en el caso de Uruguay el fuerte apego al laicisismo no impidió, por ejemplo que desde que fue electo presidente en el 2004, Tabaré Vásquez se haya manifestado totalmente contrario a presentar nuevamente el proyecto de ley para Saludo Sexual y Reproductiva que incluye la legalización del aborto hasta la 12° semana de gestación.

Publicada em: 16/05/2007

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